SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)
El comité de huelga de los letrados del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Consejería de Salud y Consumo han mantenido este lunes su primera toma de contacto tras anunciar la plantilla de 41 letrados su intención de hacer un paro el próximo 1 de abril para evidenciar el «abandono» que sufre este servicio, a la espera de un Decreto de Asistencia Jurídica con el que dotar a la plantilla de «garantía y seguridad jurídica» a la hora de ejercer su trabajo.
Fuentes del SAS han explicado a Europa Press que en la primera reunión han estado presentes tanto cargos del SAS como de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. En ella, la Junta ha trasladado al comité de huelga el «interés» de la Administración autonómica por «resolver este conflicto por la vía del diálogo y del trabajo colaborativo de todos los órganos de dirección implicados».
El objetivo del Gobierno andaluz es «ordenar y regularizar» el funcionamiento de este cuerpo vía Decreto. Además, se les ha trasladado el «interés» de la Administración por trabajar en aspectos de su estructura, organización y funciones. El SAS convocaba para este Lunes Santo este primer encuentro tras lamentar los letrados que no habían sido llamados a negociar, como es preceptivo.
«Como hemos venido diciendo, y como no puede ser de otro modo, respetamos el derecho a la huelga de cualquier colectivo de trabajadores. Como Administración, ante una convocatoria de este tipo, tenemos la obligación de trabajar de la mano de las personas convocantes», apostillaban desde la Junta. Se remarcaba además que la «apuesta» es «abrir un espacio de diálogo y dar la oportunidad al trabajo colaborativo con todos los órganos de dirección implicados con el fin de elaborar y proponer un plan viable que permita resolver en un breve plazo este asunto».
Insistía, por último, en que la «voluntad» es la de actualizar el Decreto que regula la estructura, organización y funciones de los letrados de la Administración Sanitaria, así como el resto de sus reivindicaciones. Por parte de los letrados del SAS estos acusan a la Administración de «falta de interés» en asignar en los presupuestos la partida necesaria con la que «reforzar» los servicios jurídicos y «garantizar» un asesoramiento jurídico de calidad.
El «abandono» de los servicios jurídicos, continúan, «afecta negativamente a la sanidad pública andaluza que viene padeciendo una degeneración de su funcionamiento, una situación de colapso y desbordamiento preocupante no sólo en la prestación asistencial sino también en la toma de decisiones».
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