SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este miércoles, con los votos de la mayoría absoluta del PP-A, tomar en consideración una proposición de ley presentada por el grupo Por Andalucía, a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados, relativa a la adecuación de las pruebas de acceso a la Función Pública para las personas con discapacidad intelectual, iniciativa que ha contado con el respaldo del resto de los grupos.
El grupo Por Andalucía registró esta iniciativa en diciembre de 2022, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de aquel año, con el objetivo, según anunció, de introducir «una mejora» que adapte la ley a las necesidades de inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual.
Así, la confluencia de izquierdas planteaba que «las pruebas selectivas consistan en un examen de situación para que la persona que opta a un determinado puesto pueda demostrar su capacidad de realizar efectivamente tareas concretas contempladas para ese puesto evitando que tenga que someterse a examen sobre contenidos ajenos a esas labores».
En concreto, la proposición de ley plantea la modificación del punto 1 del artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para incluir en él la adición de que, «en el caso de las personas con discapacidad intelectual», los procesos selectivos consistirán «en una prueba de situación».
DEFENSA DE LA INICIATIVA
En defensa de la proposición de ley ha intervenido ante el Pleno la portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, que ha sostenido que el objetivo de la «pequeña modificación en la norma» que plantea esta iniciativa ayudaría «a la inserción laboral de miles de andaluces».
La también presidenta de Más País Andalucía ha manifestado además que, en esta comunidad autónoma, «miles de familias se ven impotentes ante la frustración de sus hijos a la hora de estudiar y afrontar exámenes, que poco tienen que ver con la realidad, una vez pasado el proceso de selección», y ha defendido que, «tal y como recogen otros países de Europa y nuestro marco normativo federal, «las pruebas de acceso a la función pública para personas con discapacidad deben adaptarse a sus condiciones y limitaciones específicas», yendo «mucho más allá que la mera reserva de puestos para personas con discapacidad intelectual».
Asimismo, la diputada ha llamado la atención sobre las «altas» tasas de desempleo dentro del colectivo de personas con discapacidad, «cerca de un 65%, especialmente dramáticas entre los jóvenes».
POSICIONAMIENTO CONTRARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO
La proposición de ley contaba con el criterio contrario del Consejo de Gobierno andaluz, que, en un acuerdo que ha leído este miércoles ante el Pleno el secretario primero de la Mesa del Parlamento, Manuel Andrés González, explicó que la misma «pretende realizar una prueba de situación que valore las capacidades de la persona candidata a través de un ejercicio en el que tenga que realizar algunas de las tareas que configuran el puesto al que opta, lo que implicaría necesariamente la previa definición de esas tareas por el órgano competente de todos y cada uno de los puestos que serían objeto de cobertura mediante el proceso selectivo de que se trate».
Ante ello, desde la Junta sostienen que «no siempre se puede conocer en el momento en que se efectúen las convocatorias de acceso a la función pública o cuando se realicen los ejercicios correspondientes que las mismas prevean, los puestos que, a la finalización del proceso selectivo, serán ofrecidos como vacantes a cubrir por las personas que superen el proceso selectivo».
Además, el Gobierno andaluz argumentaba que, «suponiendo que fuera factible la previa definición de las funciones, en todo caso habría que salvaguardar la igualdad en el acceso de las personas que pudieran resultar muy competentes en unas funciones, pero no en otras, y ordenarlas para ser adjudicatarias de una plaza, y una vez superado el proceso selectivo, atender a que tengan derecho a participar en procesos de promoción interna o de provisión de puestos de trabajo en los que se requieren otras funciones o tareas, porque no se pueden limitar los efectos del pretendido cambio legal al acceso a la función pública a un cuerpo o categoría profesional».
Y a todo ello «hay que sumar que lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no solo resulta de aplicación a la Administración general, sino que también lo es para el resto de sectores, Sanidad, Educación y Justicia, y la iniciativa conllevaría soluciones distintas entre procesos selectivos y entre sectores», según avisaba también el Gobierno andaluz, que, por ello, no consideró «acertado incluir expresamente el tipo de prueba para las personas con discapacidad intelectual» en dicho artículo 59.
PP-A VE «EXTEMPORÁNEA» LA PROPOSICIÓN DE LEY
En el turno de posicionamiento de los grupos parlamentarios en el debate de este miércoles, el diputado del PP-A Juan Manuel Marchal ha tildado de «extemporánea» la proposición de ley, por tener ya «un camino recorrido» en la comunidad autónoma a través de la Ley de Función Pública aprobada en esta legislatura, que «plasma aspectos» que se piden en la iniciativa de Por Andalucía, que llega así «tarde y mal» al Pleno, porque «lo concerniente a nuestras competencias ya está ejecutado», según ha abundado antes de lamentar que por parte del grupo proponente no se haya llevado a la Cámara una «actualización» de la iniciativa, presentada en diciembre de 2022, y que, según ha remarcado, debería canalizarse a través del Congreso de los Diputados.
La parlamentaria del PSOE-A Pilar Navarro ha comenzado su intervención reivindicando que los diputados están en la Cámara «para intentar, con toda humildad, mejorar la vida de los ciudadanos», y especialmente de quienes «peor situación tienen respecto a los demás», como las personas con discapacidad intelectual hacia las que se dirige esta proposición de ley por la que ha felicitado al grupo de Por Andalucía y a la diputada que la ha defendido con una «formulación impoluta», y de la que ha destacado que trata de «hacer justicia» con dicho colectivo «en su acceso a la función pública», antes de concluir pidiendo al Grupo Popular que «recapacite» y apoye la tramitación de esta iniciativa.
Por último, el diputado de Vox Benito Morillo también ha apoyado la proposición de ley objeto de debate y ha defendido que su grupo siempre ha buscado «mejorar la vida de las personas con discapacidad» mediante iniciativas que el resto de grupos del Parlamento ha rechazado «porque figuraba el sello» de dicho partido en ellas, según ha criticado para apostillar que el conjunto de los diputados muestra así que le «preocupa muy poco mejorar la vida de estas personas, o no lo suficiente» como para considerar «las medidas más que razonables que una vez y otra» ha presentado su grupo parlamentario.
Tras las intervenciones de los grupos, la portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha lamentado la «enorme injusticia» que, en su opinión, se cometía al rechazarse la toma en consideración de la iniciativa, y ha advertido a los ‘populares’ que no sabía «cómo van a poder sentarse a leer manifiestos a favor de discapacidad», y que se les «llene la boca hablando de igualdad de oportunidades cuando se lo hemos puesto tan fácil» con esta proposición de ley para poner ésta en práctica.
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