SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
El grupo parlamentario Adelante Andalucía ha reprochado al Gobierno andaluz que haya sido condenado «en 17 ocasiones en cinco años» por servicios mínimos abusivos ante jornadas de huelga y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha aclarado que estos servicios «no se establecen al libre albedrío» y su departamento está actuando «con diligencia para cumplir las normas».
En respuesta a una pregunta de Adelante Andalucía en la ronda de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento andaluz, la consejera ha explicado que «la gran mayoría de las resoluciones en esta materia no son recurridas por la parte social afectada, lo que lleva a concluir que no existe vulneración sistemática del derecho».
Asimismo, ha corregido los datos ofrecidos por el diputado Ignacio García Sánchez y ha apuntado que, en 2022, se registraron 85 comunicaciones de huelga, de las que se dieron 53 resoluciones y «solo dos han sido impugnadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa», es decir, «un 3,7%», ha recalcado la consejera.
«Y en lo que va de 2023, 38 convocatorias de huelga, 28 resoluciones, de las cuales cuatro han sido impugnadas, si bien aún no ha recaído sentencia en ninguna de ellas», ha detallado.
Además, ha destacado que estas resoluciones objeto de impugnación por un sindicato, «se entiende que ha sido pacífica para el resto de los sindicatos que tiene la consideración de mayoritarios en Andalucía».
Por su parte, el diputado del grupo Mixto-Adelante Andalucía José Ignacio García Sánchez ha dado a conocer «un caso real» de profesionales de personal técnico de integración social que trabajan en centros educativos de la provincia de Cádiz que se pusieron en huelga, con unos servicios mínimos del 100%.
Un nivel de servicios mínimos que ha criticado cuando «estas trabajadoras son consideradas por la Junta de Andalucía un servicio complementario y de hecho ni siquiera cubren todas las horas que necesitan los alumnos».
De igual manera, ha apuntado que «esto no es puntual» sino que en 17 ocasiones en cinco años la Junta ha sido condenada por servicios mínimos abusivos, con «lo difícil que es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ponga del lado de los trabajadores».
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