SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 (EUROPA PRESS)
El Parlamento de Canarias ha rechazado hoy miércoles, con el voto de los cuatro grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI), la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular de Ley del Turismo promovida por la Plataforma de Afectados por la Ley Turística de Canarias, que también fue rechazada en el Consejo de Gobierno, que recientemente emitió un informe desfavorable a su toma en consideración en la Cámara autonómica al entender que altera «de manera significativa» las leyes en las que ya se está trabajando y el calendario legislativo.
La portavoz de la Plataforma de afectados por la Ley Turística, Isabel Doreste, encargada de defender la propuesta, indicó que esta iniciativa representa a los propietarios de apartamentos y bungalows de todas las islas y busca «acabar con todos los problemas que la ordenación actual lleva generando innecesariamente y adaptarla a un nuevo contexto social que ya no es el de los años 60 del siglo pasado».
Asimismo, Isabel Doreste apuntó que esta ILP también pretende denunciar lo que consideran una vulneración de los derechos constitucionales de muchas familias canarias, debido a la actual prohibición del uso residencial en los apartamentos de su propiedad en zonas turísticas.
Por ello, han planteado un texto legal «socialmente sostenible» cuyo fin es permitir el turismo en el Archipiélago, los municipios turísticos y el respeto del derecho de la propiedad. «En nuestra proposición de ley pretendemos una Canarias sostenible adaptada a una normativa turística moderna y europea. No queremos zonas exclusivas en la que los canarios no tengamos nada que decir», afirmó Doreste.
El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta, justificó el rechazo de la ILP afirmando que el preceptivo informe que se ha realizado por parte del Gobierno es razonable a la hora de señalar que la dimensión de la actividad que se pretende regular aconseja especialmente garantizar todos los causes de información y participación de la ciudadanía y también de los sectores afectados.
Raúl Acosta añadió que estos procedimientos quedarían fijados a través de una nueva ley de ordenación del turismo en fase de estudio y que también será la culminación de otras normas con un carácter más específico que se están desarrollando.
Agrupación Socialista Gomera (ASG) también votó en contra de la iniciativa siguiendo los informes del Gobierno de Canarias y teniendo en cuenta que la consejera de Turismo, Jéssica de León, ya ha reiterado varias veces la necesidad no solo de actualizar la normativa turística, sino, sobre todo, de simplificarla porque «tenemos una maraña de leyes referentes al turismo que tenemos que simplificar».
Mientras, el Grupo Popular expresó su respeto a la iniciativa pero considera que, de acuerdo con el informe del Gobierno, «no es el cauce adecuado para otorgar carta de naturaleza a un texto que no incorpora la secuencia de trámites que puedan garantizar su conformidad legislativa, técnica, jurídica y presupuestaria con el resto del ordenamiento jurídico vigente».
José Miguel Barragán, de Coalición Canaria, consideró que la revisión de la legislación que afecta a la industria turística no es a través de una iniciativa legislativa popular, sino a través de un procedimiento previsto en la Ley 4/2023, con los estudios, los informes y las consultas que se estimen necesarios con la participación de los interesados y la ciudadanía en general de las posibles soluciones y alternativas regulatorias y no regulatorias
El Grupo Socialista votó a favor de la toma en consideración de la ILP reconociendo las casi 23.000 firmas que sustentan la iniciativa que, según Nayra Alemán, «nace del esfuerzo, del conocimiento, del estudio y del trabajo de personas comprometidas con su tierra y, sobre todo, conocedoras de la casuística turística». «¿Cómo no vamos a tener en cuenta 23.000 firmas de una iniciativa popular que tiene que ver con el turismo en Canarias? Este es el momento para repensar nuestro modelo turístico», afirmó la diputada.
El portavoz del Grupo de NC-BC, Luis Campos, quiso dejar claro que su grupo no está en contra del alquiler vacacional ni de algunos modelos residenciales en zonas turísticas, pero sí de la residencialización «sin límite» en dichas zonas. Por su parte, la diputada Paula Jover, del Grupo Vox, apoyó la toma en consideración de la ILP al entender que se trata de «un ejercicio no solo de salud democrática, sino también una muestra de que gran parte de la sociedad quiere un modelo diferente de turismo y un modelo que queremos modernizar, simplificar y con una mayor implicación de la economía local en el mismo».
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