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Colectivos advierten de que 150 personas estarán en situación de calle tras el cierre del albergue de González Tablas

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Consideran que los nueve pisos anunciados por el Ayuntamiento de Pamplona son «el camino a seguir» pero «insuficientes»

PAMPLONA, 20 (EUROPA PRESS)

Los colectivos PIM (Punto de Información para personas Migrantes), Apoyo Mutuo, Lantxotegi, París 365, Elkarte, Oxfam Intermon, Haritu y SOS Racismo han advertido de que unas 150 personas se encontrarán en situación de calle en Pamplona y su Comarca una vez se cierre, el 19 de mayo, el albergue habilitado en la calle González Tablas de la capital navarra.

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este sábado ante el Palacio de Navarra, en torno a una pancarta con el lema ‘Vivir en la calle. Techo y comida’, para exigir al Gobierno foral y a los ayuntamientos de la Comarca de Pamplona «recursos habitacionales dignos durante todo el año». También para reclamar a las entidades locales que garanticen el empadronamiento a todas las personas que residen en sus municipios «sin exigirles un período de residencia, tal y como que la normativa indica, posibilitando su acceso a la asistencia sanitaria, educación y derechos sociales».

En declaraciones a los medios de comunicación, Beatriz Villahizán, de SOS Racismo, ha lamentado que con el cierre del albergue de González Tablas el próximo 19 de mayo «volvemos a la casilla de salida y esto no puede ser. Necesitamos una solución habitacional para los 365 días del año».

Según han explicado desde estos colectivos, el Ayuntamiento de Pamplona, desde el 31 de marzo -al finalizar la campaña de frío- hasta el 9 de abril, «redujo escalonadamente las plazas de alojamiento a 106, 50 en el albergue de Trinitarios y 56 más en el albergue provisional de González Tablas». Según los datos que han aportado, «de las 199 personas que han solicitado alojamiento en los últimos tres meses, han quedado en la calle al menos 93» y, tras el cierre del albergue de González Tablas, «serán 149, a las que hay que añadir las que no han solicitado alojamiento».

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Villahizán ha alertado de que «hay una situación cronificada de gente que está abocada a vivir en la calle, que además no está teniendo acceso a alimentación y que, por lo tanto, está viviendo una situación de vulnerabilidad y de desprotección grave y sostenida en el tiempo».

Ha destacado que «las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar tanto alojamiento como manutención a todas las personas. Así está en la cartera de derechos sociales del Gobierno de Navarra». «Independientemente de que los ayuntamientos o entidades locales tengan que gestionar, entendemos que el Gobierno de Navarra es el garante último y el responsable de garantizar situaciones de dignidad habitacional y de cubrir las necesidades básicas de todas las personas que aquí viven o que por aquí pasan», ha remarcado.

Al respecto, ha criticado que «estamos viendo que de manera continua se establecen requisitos, laberintos burocráticos, que hacen que las personas no accedan a sus derechos». «Vivir en calle es una situación complicada que provoca un deterioro muy rápido de la salud, tanto física como emocional» en un colectivo de perfil mayoritariamente migrante a quienes «las políticas migratorias y leyes como las de extranjería» les aboca «a la irregularidad durante un periodo largo de sus vidas y, por lo tanto, les expulsa del sistema».

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Por ello, ha exigido a las administraciones que «se hagan cargo de esta situación, que garanticen derechos a todas las personas desde el día uno y que habiliten recursos habitacionales dignos y durante todo el año».

Preguntada sobre el anuncio del Ayuntamiento de Pamplona de que habilitará nueve pisos municipales para personas en situación de vulnerabilidad, Villahizán ha indicado que «no sabemos plazos, pero este es el camino». «No podemos funcionar a golpe de presión ni a golpe de improvisación», ha manifestado, para reclamar «estructuras mucho más estables». «Vamos a empezar con estos nueve pisos, estupendo, pero ya están llenos antes de tiempo, hace falta más», ha afirmado.

Por su parte, Peio Lasa, de Apoyo Mútuo, ha considerado que «es una buena línea las viviendas compartidas con o sin apoyo social, pero son netamente insuficientes». Así, ha destacado que las nueve viviendas «pueden dar alojamiento a 27-30 personas como mucho, y estamos hablando de una cifra de 200 personas».

SITUACIONES «INVISIBILIZADAS» DE «EMERGENCIA HABITACIONAL»

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Según han explicado, el perfil de las personas que viven en la calle son mayoritariamente jóvenes migrantes. «Es una consecuencia directa de la política migratoria que lleva a cabo la Unión Europea, y en concreto el Estado español como frontera sur. No es casual que haya jóvenes migrados que lleguen al suelo europeo de las maneras que se ven abocados a hacer el tránsito y luego la condición de precariedad y de vulnerabilidad en la que están», ha asegurado Beatriz Villahizán.

Ha llamado la atención, además, ante las «situaciones de precariedad invisibilizadas» de personas que «están en emergencia habitacional, es decir, en infravivienda, en situación de calle de manera intermitente o en unas condiciones de habitabilidad no dignas dentro de casas, viviendo familias en habitaciones». También «familias con menores a cargo que están en pensiones desde hace ya mucho tiempo, que además son movidas y trasladadas», de manera que «no pueden generar arraigo».

De la misma manera, ha reprochado que «durante los procesos de alojamiento no se está aprovechando para hacer inclusión en el sistema de protección social». «Seguimos sin tener claro a quién se empadrona, qué requisitos de empadronamiento hay, seguimos sin tener claro qué personas están accediendo al sistema sanitario, quiénes no, ni qué personas están siendo incluidas en las ayudas sociales de servicios sociales y unidades de barrio», ha señalado.


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