Critican que «ningunear la opinión de la ciudadanía a la hora de elaborar o modificar las normas es una actitud antidemocrática»
MURCIA, 27 (EUROPA PRESS)
Un total de ocho organizaciones sociales, vecinales y ecologistas han denunciado públicamente al Partido Popular por «falta de transparencia y participación» en la tramitación de la modificación de la Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor.
En concreto, las organizaciones que suscriben esta denuncia son Alianza Mar Menor (AMARME); Colectivo Banderas Negras; Ecologistas en Acción de la Región Murciana; Federación de Asociaciones de Vecinos del Campo de Cartagena y Comarca (FAVCAC); Greenpeace; Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor; SEO BirdLife; y YayoFlautas — Murcia.
Se trata de organizaciones sociales y ambientales que «defienden el Mar Menor desde hace años», y han denunciado públicamente mediante un comunicado su rechazo a la forma de tramitar la reforma de esta Ley.
En primer lugar, han recordado que «no tiene sentido modificar una ley que apenas lleva cuatro años de recorrido y que, precisamente, no ha sido todavía aplicada en sus aspectos más relevantes en cuanto a la protección del Mar Menor, como son la ordenación territorial, la reducción efectiva del uso de nitratos y las medidas de freno de la erosión».
A las entidades firmantes les preocupa que esta reforma «se aborde sólo para contentar a la ultraderecha, en la que se apoya el PP para mantenerse en el Gobierno regional, casi 30 años ya, y que se esté promoviendo un debate sesgado en la Asamblea Regional para justificar la modificación a la baja y conforme a los intereses de la agroindustria y la ganadería, cuyos lobbies llevan años presionando al ejecutivo murciano».
Por otro lado, las organizaciones que han suscrito el comunicado consideran que «es bastante sintomático el listado que presenta el Partido Popular a la Comisión de Asuntos Generales e Instituciones de la Asamblea Regional, que es la que tratará la reforma de la citada Ley del Mar Menor».
De las 46 comparecencias propuestas, han señalado que «la mayor parte son del sector agroindustrial, de ayuntamientos gobernados por el PP, con la ultraderecha, y de científicos muy cuestionados por su papel en algunos momentos de la crisis eutrófica o por defender algunas tesis poco compartidas en el ámbito científico y que casualmente convienen al sector agroindustrial y ganadero».
«Pero lo más indignante es que el PP no haya nombrado ni a las organizaciones vecinales, ni a la mayor parte de las organizaciones que vienen luchando por el Mar Menor desde hace años, y que se permitan decir abiertamente que no interesa su opinión, que es irrelevante, y que ya conocen su postura», tal y como han aseverado.
Para estas organizaciones, esta postura «va totalmente en contra del Convenio de Aarhus de 1998, sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que fue ratificado por España el 29 de diciembre de 2004, y que entró en vigor el 29 de marzo de 2005».
Las organizaciones se preguntan «cómo pueden conocer las inquietudes y propuestas de la ciudadanía, si ni siquiera las convocan, ni las reciben». Y usando el mismo criterio, se cuestionan «cómo es que se convoca a todo el sector agropecuario, con el que se reúnen constantemente, y por tanto deben conocer bien su postura y reivindicaciones».
Para las organizaciones firmantes del comunicado, esta situación «revela perfectamente qué intereses defienden y cuáles son sus prioridades». «No es propio de una democracia sana y del siglo XXI negar la voz de la ciudadanía; es todo lo contrario, un ejercicio de despotismo y una forma de gobernar autoritaria que no cree en la transparencia y la participación social como modo justo y más representativo de gobierno», han señalado.
RECLAMACIONES
Por ello, las organizaciones firmantes consideran que esta reforma de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor «es innecesaria» y que «lo que hay que hacer es cumplir ya con todos los artículos de la norma que no se están cumpliendo, con el Plan de Gestión Integral (que tampoco se está cumpliendo) y con las Directivas Europeas».
Igualmente, han considerado que el Gobierno regional «debe tomarse muy en serio el necesario viraje hacia la transparencia y la participación pública reales, y abandonar las preocupantes derivas autoritarias que está adoptando»; así como que la legislación ambiental «se tramite de forma ordinaria, para que se haga con la máxima participación social, y con todos los informes preceptivos de los órganos consultivos».
Para terminar, las organizaciones firmantes han recordado que seguirán vigilantes para denunciar, ante la Unión Europea y ante los tribunales, cualquier paso atrás en la protección del Mar Menor.
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