Pide en la Asamblea que se escuche a los colegios profesionales para «modificar y mejorar» la ley actual
CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)
El decano de honor del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, Juan Antonio de Heras, ha pedido a los diputados que forman la Comisión de Asuntos Generales de la Asamblea Regional que «escuchen» a los colegios profesionales que les han pedido intervenir para abordar la ley de Colegios Profesionales de la Región.
«No se trata de restar ni anular ni restringir, sino de mejorar la ley actual y de ampliar el derecho a quien no lo tiene», ha dicho durante su comparecencia en la comisión.
El decano de honor del Colegio de Periodistas ha recordado que en España las competencias en materia de colegios profesionales «están mayoritariamente transferidas a las comunidades autónomas». Según ha indicado, hay 16 leyes promulgadas al respecto, aunque hay una comunidad autónoma como es el Principado de Asturias que no tiene ley propia y que se rige por la legislación nacional. Por su parte, en algunas comunidades autónomas uniprovinciales se establece que no puede crearse colegios profesionales de ámbito inferior a la comunidad.
«Solo en la Región se permite el nacimiento de un colegio profesional de ámbito inferior a la comunidad autónoma y se permite la segregación de colegios», ha dicho antes de firmar que la legislación en materia de colegios profesionales en la Región se encuentra entre «las más flexibles de España».
Sin embargo, De Heras ha llamado la atención sobre la norma regional, ya que incluye establece que debe existir un acuerdo favorable de las corporaciones municipales, «lo que supondría que las corporaciones municipales tendrían derecho de veto», ha dicho señalando de que esto podría jugar en ocasiones en contra a la creación de un colegio profesional.
En ese sentido, De Heras se ha apoyado en el informe de los servicios jurídicos de la Asamblea, al que ha aludido el portavoz del PP, sobre el margen de mejora de la proposición de ley. El informe aludido indica que la posibilidad de que la iniciativa de segregación proceda de los propios colegiados sin intervención alguna del colegio profesional al que pertenece, impediría a quien tiene que tomar la decisión final (el Consejo de Gobierno) conocer cuál es la posición del colegio profesional implicado, así, y en el último extremo, lo anterior llevaría al Gobierno a adoptar su decisión sin tener en cuenta los intereses que pudieran verse afectados por la situación, introduciéndose un elemento de parcialidad contrario a la objetividad que obliga la Constitución.
Así, se ha mostrado de acuerdo con el informe de los servicios jurídicos de la Cámara y ha señalado que la posibilidad de segregación de los colegios profesionales «existe, pero no debe darse al margen de las reglas». Según ha dicho, en estos procesos «debe tomarse en consideración la posición del colegio profesional afectado».
Por último, ha indicado que el espectro de mejora de esta norma «debería ir dirigido a cómo se puede complementar la normativa existente y cómo incrementar las garantías permitiendo que el servicio no sufra, pero no al margen de la normativa ni de la jerarquía» y ha instado a que haya «una reflexión sosegada y participada» en todo este proceso.
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