El exconsejero muestra un acta para verificar que el centro «era una realidad» en mayo del 2023 y había 15 empresas interesadas
LOGROÑO, 29 (EUROPA PRESS)
El exconsejero de Desarrollo Autonómico con el Gobierno de la socialista Concha Andreu, Jose Ángel Lacalzada, ha defendido hoy el «escrupuloso» procedimiento en la reserva de suelo para la Ciudad del Envase y el Embalaje.
«Lo que se está adquiriendo es el derecho a compra, la opción de compra», ha insistido en varias ocasiones después de que una auditoría administrativa encargada por el actual Gobierno riojano dictaminara que el proceso de compra de terrenos para la Ciudad del Envase y el Embalaje hecho por el anterior Ejecutivo fue nulo de pleno derecho al no seguir los trámites marcados por la ley.
Lacalzada ha comparecido, en la mañana de hoy, ante la Comisión de Estudio del Parlamento de La Rioja para el Análisis de la Gestión y Actividad de la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje y ha defendido que «se tramitó el procedimiento y la persona que tomó los acuerdos fue siempre la competente; por ello, no puede haber nulidad de pleno derecho».
Ha subrayado que no se trataba de una «adjudicación», sino de un «derecho de participación» y «queda clarísimo» en el procedimiento «que no se entrega nada, salvo el derecho a comprar el bien».
El exconsejero ha desarrollado un extenso relato para argumentar que «las decisiones que se tomaron» en el proceso de creación de la Ciudad del Envase y el Embalaje «estuvieron fundamentadas en datos».
Frente a las acusaciones recibidas por el actual Gobierno riojano, se ha apoyado en un acta de la Fundación de la Ciudad del Envase y el Embalaje para verificar que el centro «era ya una realidad» en mayo del 2023 y hasta quince empresas manifestaron su intención de participar. Ha insistido en que se cumplió el «anhelo» de lograr suelo a 35 euros el metro cuadrado.
REFERENTE NACIONAL
Lacalzada ha comenzado relatando cómo, en La Rioja, hay noventa empresas dedicadas a la fabricación de envase y embalaje, suponen el doce por ciento del sector industrial y aportan más de 3.300 empleos directos.
Con esta base, el Gobierno de la socialista Concha Andreu se propuso «posicionar al sector como referente tanto nacional como europeo», teniendo en cuenta, además, que La Rioja era «la única comunidad que no tenía ningún centro nacional de investigación».
Con un proyecto de cuarenta millones de euros se quiso «poner a La Rioja en el lugar que merece sin complejos» y «lo primero» que se hizo fue «hablar con las empresas del sector».
En junio del 2022, ha contado, se reúne por primera vez la comisión de seguimiento, y se presenta el borrador del programa de actuación en julio del 2022.
En mayo del año 2023, «unos días antes de las elecciones» se celebra una reunión de la comisión de seguimiento en la que, entre otras cuestiones, se analiza el interés de quince empresas por participar desde febrero del año 2022.
De este modo, «el centro era ya una realidad» y en el acta de la reunión, y que se ha facilitado a los diputados de los grupos parlamentarios que forman parte de la comisión, «se refleja que el proyecto se estaba ejecutando correctamente, a mejor ritmo que lo previsto en un inicio».
«En el 2020 ya teníamos claro que era un proceso transformador «, ha insistido afirmando que «el Gobierno socialista no sólo tuvo la idea de lanzar un proyecto estratégico, sino que se diseñó, proyectó y obtuvo financiación en un año».
De este modo, ha afirmado que «el actual gobierno está engañando a la ciudadanía» porque «están los cuadros, está el plan de inversiones, está el equipamiento» y el proyecto que ha presentado el actual Ejecutivo es, ha dicho, una copia «con una ampliación de cuatro hojas del packaging sostenible».
COMPRA DESDE LA ADER
Ha explicado que el 22 de junio del año 2022 se acordó la enajenación de suelo con SEPES, algo que no se podía ejecutar con la Fundación del Envase y, por ello, las compra la hizo ADER, como entidad pública empresarial.
El 19 de diciembre del 2022, el arquitecto suscribe un informe de transacción de parcelas en El Recuenco con el valor de venta propuesto por SEPES; ese mismo día, la ADER emite un certificado de existencia de crédito; y el 20 diciembre un informe de los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja eleva la adopción de acuerdo de la ADER para que vaya el gasto a Consejo de Gobierno.
Lacalzada ha insistido en que los informes no ponen obstáculos jurídicos y ha visto que «están más que claros todos los pasos que se dieron hasta la adquisición de parcelas».
De este modo, el 21 de diciembre, «con todos los informes favorables se autoriza un gasto de 6,9 millones de euros al presidente de ADER», el propio Lacalzada, en Consejo de Gobierno.
«Es un acto administrativo que no puede considerarse nulo de pleno derecho» porque «lo que se está adquiriendo es el derecho a compra» y «no es una adjudicación, es un derecho de participación; queda clarísimo que no se entrega nada, salvo el derecho a comprar el bien».
OPINIONES CONTRARIAS
Frente a estas explicaciones, en declaraciones a Europa Press, la diputada ‘popular’ Mar Cotelo, ha señalado cómo la posible nulidad «no es una opinión que venga del Partido Popular».
«Es una opinión que han dado no solamente técnicos de ADER, la ha dado también una auditoría independiente, el servicio jurídico», ha dicho creyendo que «si hay que llegar a un juzgado será un juez el que decida sobre la nulidad o no».
«No acabamos de entender por qué se mete a ADER en la compra de un suelo industrial para una Fundación del Envase y del Embalaje cuando nada tenía que ver y con unas condiciones inasumibles», ha insistido.
Por contra, el socialista Miguel González de Legarra se ha preguntado «cómo se pueden desaprovechar oportunidades tan extraordinarias porque lleven el sello del Partido Socialista».
En concreto, se ha referido al «error que plantea el Partido Popular de disminuir el proyecto para presentarlo como un centro regional», cuando es «perder una gran oportunidad que va aparejada a la adquisición de un millón de metros cuadrados a un precio de 35 euros el metro cuadrado».
Es, ha dicho, «algo que nos hace ser absolutamente competitivos con las regiones forales» y «que ha desaprovechado el Gobierno del Partido Popular»; lo que a los socialistas, ha reconocido, les «descoloca absolutamente».
Desde el Grupo Podemos-IU, Carlos Ollero ha visto «claro» que «es un proyecto interesante que debe seguir adelante» y ha criticado que «la actitud del Partido Popular lo está frenando».
No obstante, ha creído que «tendría que ser también visto desde un punto de vista social y no exclusivamente empresarial». «Nosotros defendemos siempre que en cualquier tipo de operación económica es importante tener en cuenta las necesidades de la ciudadanía, la creación de empleo», ha resaltado.
Por su parte, el diputado de Vox Hector Alacid ha considerado que la comisión «no sirve para nada». «Entiendo que el Partido Popular, al margen de la comisión de estudio, lo llevará a los juzgados», ha señalado.
«El problema es quién debía llevar a cabo la compra. Él defiende su postura», ha indicado considerando que no son los grupos parlamentarios quienes deben «decidir o examinar si fue de nulo derecho».
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