CALAHORRA (LA RIOJA), 27 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al gasto de 3.885.798,63 euros para licitar el servicio de acogida y reinserción de menores en ejecución de medidas de internamiento; abierto; semiabierto; cerrado; internamiento terapéutico, y permanencia de fin de semana; y de medio abierto; libertad vigilada y convivencia con otra persona, familia o grupo educativo hasta 2024.
La licitación de este servicio se plantea para dar cobertura a la función atribuida por el artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y para ello, el Gobierno de La Rioja tiene la titularidad del Centro Virgen de Valvanera de Logroño, recurso donde se presta el servicio y se da cumplimiento a las sentencias dictadas por el Juzgado de Menores, según ha informado el portavoz del Gobierno riojano, Álex Dorado, en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que de manera extraordinaria se ha desarrollado en Calahorra.
EL CENTRO DE MENORES VIRGEN DE VALVANERA
El inmueble está ubicado en Logroño y depende de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública. El centro tiene una capacidad para atender de forma simultánea a 21 menores; 15 con medida judicial de internamiento (abierto, semiabierto, cerrado, internamiento terapéutico y permanencia de fines de semana) y 6 menores con medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.
A lo largo del pasado año, 27 menores infractores fueron atendidos en el Centro de Menores Virgen de Valvanera, uno menos que en 2019 de los que 25 eran hombres y 2 mujeres. Además del 54 por ciento no tenían antecedentes y el 46 por ciento tenían antecedentes delictivos.
Asimismo, a lo largo de 2020 se internó a doce menores (10 en 2019 y 11 en 2018). La edad media de estos menores es de 16,7 años. En cuanto al tipo de delitos cometidos por estos menores con internamiento; el 33 por ciento está relacionado con delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico; el 26 por ciento con delitos contra la seguridad colectiva; el 21 por ciento con delitos relacionados con la tortura y el maltrato (lesiones, violencia doméstica y de género); el 8 por ciento con delitos contra el orden público; el cinco por ciento con delitos contra la libertad (amenazas); el tres por ciento con delitos contra la libertad e indemnidad sexual; el dos por ciento contra delitos contra el medio ambiente y homicidio y sus formas.
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