PALMA, 14 (EUROPA PRESS)
El dictamen de la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua del Proyecto de Ley dimanante del Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda se debatirá y votará en el pleno del próximo martes, 16 de abril, en el Parlament.
En cuanto al Decreto Ley, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons, ha criticado que se hizo «al dictado de lo que marcaban los promotores», con unos planteamientos «tan erróneos que se ha cambiado de arriba a bajo la normativa con enmiendas presentadas por el mismo PP».
El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha apostillado por su parte que este Decreto Ley es una «chapuza» y ha criticado la «inacción» del Govern por no dar soluciones a corto plazo al problema de la vivienda en las Islas.
Finalmente, en la misma línea, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez ha subrayado que la norma «no soluciona los problemas de vivienda en Baleares». Además, ha criticado la «obstinación» del Govern a no aplicar el índice de referencia estatal.
OTROS TEMAS
Durante el pleno del próximo martes en el Parlament, que comenzará a las 10.00 horas, con la sesión de control al Govern, se debatirá asimismo sobre otros temas, como la posibilidad de las familias de escoger la primera lengua de enseñanza y el Plan de Libre Elección de Lengua; así como la Ley de memoria democrática, entre otros.
Precisamente, sobre la Ley de memoria democrática, el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, ha defendido que su formación considera «inaceptable» la Ley de memoria y reconocimiento democráticos de Baleares y ha confiado en que la Proposición No de Ley (PNL) presentada este miércoles –y que plantea la derogación de la Ley– se apruebe «lo antes posible» y «con celeridad».
El portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons, ha calificado sin embargo la derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos como «un claro ejemplo de retroceso» del Govern y ha acusado al PP de «no saber explicar» porqué apoyará la PNL presentada por Vox que propone dicha derogación.
También el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha considerado que es «muy lamentable» que el PP «avale» la derogación de la Ley de memoria y reconocimiento democráticos.
De igual modo, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha manifestado que su formación se opondrá «con todas sus fuerzas» a la derogación de la Ley de memoria democrática porque esta normativa «va más allá de una política balear», pues «es una política de derechos humanos». Según el portavoz, está ley «no va en contra de nadie» y «aquellos que se sienten amenazados deberían hacer un psicoanálisis». «Creemos que los que la quieren derogar quedan retratados y de alguna manera se hacen cómplices de estos asesinatos», ha concluido.
Y, la diputada de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha criticado la PNL de Vox que plantea la derogación de la Ley de memoria democrática, al considerarla una «tentación» que va en contra de la normativa de derecho internacional. Razón ésta por la que la diputada Cristina Gómez ha apuntado que la derogación de esta norma «terminará en los tribunales de derechos humanos».
Por otro lado, durante la sesión plenaria del próximo martes, día 16 de abril, se debatirán dos Proposiciones No de Ley. Una presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la lucha contra la precariedad laboral; y, otra, del Grupo Vox, sobre la inclusión de la cláusula de responsabilidad constitucional.
Finalmente, tendrá lugar una interpelación de Més per Menorca al Govern relativa a la política general de éste en materia de transparencia y buen gobierno. En concreto, a la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas.
Así lo ha explicado el portavoz de la formación, Josep Castells, quien ha hecho hincapié en su «preocupación» por el destino de los archivos y expedientes de la extinta Oficina Anticorrupción, puesto que van a una oficina que no tiene personal. «De cinco puestos de trabajo solo dos están ocupados y no hay inspector general», ha asegurado, añadiendo que, en consecuencia, la Oficina «no tiene el perfil adecuado para tratar con esta información altamente sensible».
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