PALMA, 23 (EUROPA PRESS)
El Govern, a través de la Dirección General de Política Lingüística, ha conmemorado el 25 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos y ha reivindicado su vigencia.
Según ha explicado la Conselleria de Fondos Europeos, Cultura y universidad, Ca n’Oleo acogió este martes un acto organizado por la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos y en el que participó el conseller Miquel Company y el sociolingüista ibicenco Isidor Marí, que participó en la elaboración de la Declaración; así como el filólogo vasco Paul Bilbao, uno de los promotores del Protocolo de Donostia, un mapa de ruta para garantizar los derechos reconocidos en la Declaración.
Marí constató la plena vigencia de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos y su valor como referente mundial y como expresión de un «imperativo ético» que tiene que inspirar la actuación de los poderes públicos y todos los comportamientos corporativos y personales.
El sociolingüista señaló además que la protección efectiva del ejercicio de los derechos lingüísticos es «uno de los mejores indicadores de la calidad de un sistema democrático».
Por su parte, Bilbao explicó la naturaleza y la finalidad del Protocolo, integrado por 185 medidas para la garantía de los derechos lingüísticos de las comunidades minorizadas, y subrayó la importancia de la acción combinada de las instituciones y de la sociedad civil para promover el uso social de la lengua.
El conseller Company cerró el acto, al cual también asistieron la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret, y la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, además de responsables políticos otras instituciones.
Company remarcó la validez de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos porque desde el rigor intelectual y el espíritu democrático, «traza unas líneas maestras para gestionar la complejidad lingüística de las sociedades a partir del respeto de los derechos lingüísticos de los hablantes».
El conseller admitió que la comunidad de lengua catalana, como comunidad lingüística histórica de las Islas, está lejos de tener garantizada la plenitud de los derechos lingüísticos que prevé la Declaración.
En este sentido, remarcó que tiene que ser un compromiso ineludible de la sociedad en general, y sobre todo, por mandato estatutario, de los poderes públicos de la comunidad autónoma, actuar para garantizar la plenitud de estos derechos.
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