Bruselas ya tiene la descertificación de los fondos europeos que financiaron el contrato
PALMA, 21 (EUROPA PRESS)
El Govern balear ha desistido de la primera reclamación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa investigada en el caso Koldo, para iniciar un nuevo procedimiento con el que restituir a la Comunidad Autónoma el monto total del suministro, 3,7 millones de euros, declarando la nulidad total del contrato.
Así lo ha anunciado el director general del IbSalut, Javier Ureña, en una rueda de prensa en la sede del Servicio de Salud en Palma, acompañado del vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Antoni Costa.
Por su parte, Costa ha informado de que el Ministerio de Hacienda ha aceptado la descertificación de gasto europeo de este contrato, y que ya se ha comunicado a Bruselas.
EL IBSALUT DICE AHORA QUE EL CONTRATO ES NULO DE ORIGEN
Si la primera reclamación, de 2,6 millones, se basaba en la diferencia de precio entre una mascarilla quirúrgica y una FFP2, el nuevo expediente supone un cambio radical de estrategia al sostener la nulidad total del contrato desde su origen.
En la práctica, esta nueva vía administrativa, en forma de una revisión de oficio, implica exigir a la empresa que devuelva los 3,7 millones de euros que se le pagaron en 2020 durante el mandato de Francina Armengol.
La Comunidad fundamenta esta resolución en la falta de solvencia técnica y económica de la empresa y en el hecho de que su objeto social no tenía nada que ver con el suministro de material sanitario. Ureña ha enfatizado que, pese a la flexibilidad de la contratación de emergencia, «lo que no se podría hacer es que un contrato para unas obras se adjudicara a una empresa que se dedique a la hostelería».
Con estos argumentos, la nueva estrategia del Govern pasa por declarar que el contrato es nulo de pleno derecho, haciendo que se retrotraiga todo el expediente y dejando así sin efecto cualquier paso posterior –como si el contrato nunca se hubiera celebrado–.
Este giro no es baladí puesto que el motivo por el que el Govern ha decidido desistir de la primera reclamación es el obstáculo que representa un certificado emitido por el IbSalut en agosto de 2020. En aquel escrito el Servicio de Salud avalaba el contrato acreditando que se había ejecutado sin incidencias, a pesar de que ya tenía los análisis que constataban que las mascarillas no cumplían los requisitos de una FFP2.
Aquel documento, esgrimido por la empresa en sus alegaciones, hacía que la reclamación del Govern tuviera «muy pocos visos de prosperar», según Ureña, que ha negado que el nuevo trámite esté motivado por la caducidad del primer expediente.
De hecho, según el director general, en el desistimiento el IbSalut también ha corregido «un defecto de forma» en la primera reclamación por el que «se indicaba erróneamente que el plazo era de tres meses. Ese margen es al que aludían los investigados en las conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional; allí llegaban a la conclusión que si el Govern no respondía antes de enero, la reclamación caducaría. Ureña ha vuelto a insistir en que el plazo era de ocho meses.
La declaración de nulidad, junto al desistimiento de la anterior reclamación, ya se ha notificado a la mercantil, que tiene diez días hábiles para formular alegaciones. El plazo para resolver este expediente es de seis meses.
El director general del IbSalut ha insistido en que es su obligación «agotar todas las vías posibles para intentar resarcir el daño patrimonial» a las arcas públicas, si bien la situación económica de la empresa podría complicar la devolución de los fondos. En los pinchazos telefónicos los investigados se mostraban muy nerviosos por la posibilidad de entrar en concurso de acreedores ante la petición balear.
Por último, Ureña ha desmentido que «ningún alto cargo ni ningún directivo del IbSalut» hayan mantenido «ningún contacto con la empresa ni con nadie de la trama», ni por teléfono, correo electrónico o en persona. Todas las comunicaciones «han sido a través de funcionarios y dentro del trámite formal» de la reclamación.
PERSONACIÓN ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
Al margen de este expediente administrativo, el Govern conserva la esperanza de poder personarse en la Audiencia Nacional, una alternativa para reclamar el dinero por la vía penal.
El juez Ismael Moreno ha rechazado ya en dos ocasiones que el IbSalut pueda intervenir en la causa como perjudicado. La razón es que aquel contrato se financió con fondos europeos y por ello el magistrado entiende que no hay daño a la Comunidad.
En este contexto, el departamento que dirige Antoni Costa inició una descertificación de fondos, por 3,9 millones –al añadir costes de transporte y de asistencia técnica– que ya se ha trasladado a Bruselas. El conseller da por hecho que Europa la confirmará, ante las sospechas de «fraude»: «No sabría decir qué tendría que alegar para no aceptarla».
Esa descertificación repercutirá en un descuento de fondos al Govern en futuros pagos europeos. «En consecuencia la Comunidad ha perdido estos 3,9 millones de euros. Es obvio que somos parte perjudicada», ha aseverado el vicepresidente. Cuando eso se plasme en un documento oficial de la Unión Europea, el Govern confía en que la Audiencia admita su personación.
Costa ha incidido en que el Govern venía obligado a promover esta descertificación de fondos en aplicación de protocolos antifraude de fondos FEDER, destacando que el anterior Ejecutivo no adjuntara al expediente el informe sobre la calidad insuficiente de las mascarillas. Además ha comentado que Canarias también ha iniciado esta semana el mismo procedimiento.
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