PALMA, 24 (EUROPA PRESS)
El Govern ha reclamado al Estado una hoja de ruta para la aplicación de las tarjetas de alimentos y ha lamentado, en este sentido, la «carencia de concreción».
Así lo ha trasladado el director general de Asuntos Sociales, José Falcó, tras asistir este viernes al Consejo Territorial de Asuntos Sociales.
Ahí se ha tratado la implantación Programa estatal FSE+ de asistencia material básica (BÁSICO), conocido como tarjeta de alimentos, que se tendría que haber empezado a distribuir para que funcionara hasta diciembre de 2024 bajo la gestión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Cruz Roja, para trasladarla en las comunidades autónomas a partir de 2025.
En el marco de esta reunión, Falcó ha lamentado que «una vez más no se han aclarado las dudas» y ha reclamado una «hoja de ruta» que deje clara el protocolo de aplicación y dote de seguridad jurídica a las CCAA a la hora de justificar los fondos destinados en este programa.
Del mismo modo, Falcó ha criticado que todavía no se ha repartido «ni una sola tarjeta de alimentos» en todo el Estado, hecho que, bajo su punto de vista, «podría comprometer la justificación económica ante Europa».
Cabe recordar que la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales ya ha manifestado en varias ocasiones que «a pesar de que el programa podría ser positivo», en palabras de Falcó, «su aplicación está siendo tremendamente caótica, abocando en las comunidades a hacer esfuerzos ingentes para poder dar cobertura a todas las unidades familiares que se quedarán sin acceso a esta prestación».
El pasado mes de noviembre, la Conselleria ya previó una convocatoria de ayudas extraordinaria de 1,6 millones de euros para la compra de alimentos, destinada tanto a entidades de reparto como comedores sociales.
Esta convocatoria tenía el objetivo de llegar a las personas que hasta ahora percibían una ayuda para la compra de alimentos pero, según el Govern, ya no lo recibirán porque, por ejemplo, no tienen menores a cargo suyo, un extremo que criticó la consellera, Catalina Cirer, porque «el sistema dejaba fuera colectivos importantes en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo personas mayores o con discapacidades».
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