MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
La Ley por el Derecho a la Vivienda cumple este domingo un año en vigor con muchas críticas por parte del sector inmobiliario y la oposición y con solo una comunidad autónoma, Cataluña, que ha declarado zonas de mercado tensionado para poder introducir límites al precio del alquiler.
La que fue la última gran norma aprobada de la anterior legislatura ha tenido que enfrentar en su primer año de aplicación el necesario desarrollo reglamentario que requería para poder implementar el control de precios y la resistencia por parte de las comunidades autónomas del PP a aplicar dichos límites.
La ley permite regular los precios de alquiler en las zonas tensionadas, de momento solo declaradas en 140 municipios de Cataluña. Sin embargo, no se pudo hacer efectiva la regulación durante muchos meses porque hasta el pasado marzo el Gobierno estuvo ultimando el índice de referencia de los precios.
A este índice se tienen que acoger los contratos de alquiler de viviendas pertenecientes a grandes propietarios con 10 o más pisos (o más de cinco, si así lo decide una comunidad autónoma). También lo hacen pisos que salgan por primera vez al mercado del alquiler en un período de cinco años, aunque pertenezcan a pequeños propietarios.
ÍNDICE DE REFERENCIA
La herramienta se conformó con datos del IRPF que facilitan los propietarios sobre sus pisos en alquiler que bajan a un nivel de sección censal y establece un rango mínimo y uno máximo en función de determinadas características como la disponibilidad de ascensor o consejería, el estado de la vivienda o el certificado energético.
En cambio, en el caso de los pequeños propietarios, sus alquileres en vigor no tendrán que acogerse al índice, pero, en caso de firmar un nuevo contrato, deberán referenciar el precio al del inquilino anterior.
Sin embargo, estas limitaciones, de momento, no se aplican en ninguna comunidad autónoma más. Las comunidades del PP han rechazado aplicar el índice de precios pese a las presiones del Gobierno. Tampoco lo ha hecho Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García Page, mientras que Asturias, Navarra y País Vasco todavía se encuentran estudiando la situación del alquiler en sus regiones.
Sí se aplica en todo el país desde la aprobación de la norma, en cambio, una limitación de la subida anual del precio de los contratos en vigor del 3% este 2024 y, a partir de 2025, a lo que determine un nuevo índice que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe desarrollar.
CONSECUENCIAS
Estos controles de precios han provocado, según denuncian portales inmobiliarios y desde el sector, caídas en la oferta de alquiler. Según datos de Idealista, en el primer trimestre de 2024, este retroceso se situó en un 11% respecto al mismo período del año pasado, mientras que el alquiler de temporada, que escapa a la regulación, habría aumentado un 56%. Vivienda tiene pendiente proponer una regulación para este tipo de alquileres por mandato de la Ley de Vivienda.
Por otro lado, la norma también ha tenido que hacer frente a varios recursos de inconstitucionalidad por parte de varias comunidades autónomas aduciendo invasión de competencias. Esta semana se conoció precisamente que el Constitucional avalaba el grueso de la norma y solo cuestionaba la constitucionalidad de varios artículos.
Asimismo, la Ley de Vivienda mandataba al Ejecutivo a crear el Consejo Asesor de Vivienda, un órgano consultivo con la participación de los agentes sociales en la elaboración y el desarrollo de la política estatal de vivienda. A finales del mes de abril, el departamento dirigido por Isabel Rodríguez inició el trámite de consulta pública previa a su creación.
Curiosamente, la norma, que entró en vigor poco antes de la disolución de las Cortes, no podría ser aprobada en esta legislatura, ya que salió adelante con 176 votos a favor, en virtud del acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, que ahora ya no suman mayoría absoluta.
RESTO DE LA NORMATIVA
Entre otras novedades que introdujo la norma, se encontraba la obligación de los propietarios a pagar en exclusiva los honorarios de las inmobiliarias y la prohibición de que el propietario repercuta en el precio del alquiler al inquilino otros gastos tales como la tasa de basuras o los gastos de la comunidad. Sin embargo, entidades como el Sindicato de Inquilinos han denunciado que algunas inmobiliarias siguen cobrando a los inquilinos utilizando otros conceptos.
La norma también introdujo deducciones fiscales para los pequeños propietarios que pongan su casa en alquiler, que alcanzan su mayor nivel en áreas tensionadas. La reducción alcanza el 90% si la renta se rebaja más de un 5% en relación con la renta anterior y el 70% cuando se alquile a personas de entre 18 y 35 años. Para todo el país, la deducción podrá ser del 60% cuando se haya hecho una actuación de rehabilitación en los dos años anteriores y un 50% para el resto de los casos.
Otra de las principales novedades del texto es la protección de la vivienda pública protegida. Desde la aprobación de la ley, las viviendas protegidas construidas a partir de su entrada en vigor están sometidas a un “régimen de protección pública permanente que excluya la descalificación, en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo”.
La norma levantó también enormes críticas desde la oposición por la modificación que realizó de la Ley de Enjuiciamiento Civil para establecer nuevas condiciones en los desahucios de personas vulnerables. Desde el PP calificaron esta cuestión como “un chollo para los okupas”.
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