MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición de indulto planteada por el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE. El Ministerio Público dice en su escrito dirigido a la Audiencia de Sevilla que no puede acreditarse una trayectoria de “honestidad y honradez”, dado que ha sido condenado por los “delitos más graves cometidos en el seno de la Administración Pública”.
Anticorrupción se pronuncia en su escrito sobre la petición de Griñán y de los otros siete exaltos cargos que fueron condenados por un delito de malversación. A su entender, ninguno de los argumentos esgrimidos por los solicitantes de este indulto parcial estaría recogido entre las finalidades que debe tener el indulto.
Según el Ministerio Público, Griñán fue juzgado “con ecuanimidad” y recuerda que el propio Tribunal Supremo que confirmó las condenas en el caso de los ERE puntualizó que para que exista el delito de malversación “no se exige el lucro personal del sustractor, sino su actuación con ánimo de cualquier beneficio, incluso no patrimonial, que existirá, aunque la intención de lucrar se refiera al beneficio de un tercero”.
Anticorrupción rechaza el argumento del expresidente andaluz que esgrime su “trayectoria personal y profesional” de “honestidad y honradez” y justifica este escepticismo en que esos valores no puede ser apreciados “cuando se le condena por los delitos más graves cometidos en el seno de la Administración Pública y en su ejecución se detecta un evidente y flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública”.
Insiste el escrito en que “no debe de olvidarse que durante el mandato del acusado en los cargos ya detallados se dispuso de créditos presupuestarios para la concesión de ayudas ilegales por un importe superior a 427 millones de euros”.
Por todo ello, la Fiscalía considera que la conducta que se sometió a juicio “no puede quedar sin respuesta punitiva mediante la conmutación parcial de la pena privativa de libertad impuesta, pretensión que excede del carácter excepcional que configura la gracia de indulto”. Y añade que el delito de malversación es una forma más de “corrupción política” que debe tener respuesta penal.
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