MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El Gobierno de España va a abrir un proceso de diálogo con el de Aragón para tratar de modificar los aspectos de su ley autonómica de memoria democrática que considera contrarios a la estatal y a los derechos humanos y los convenios internacionales, y si en seis meses no se ha llegado a un acuerdo, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.
Así lo anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al que elevó un informe sobre esta iniciativa legislativa en Aragón y otras similares que aún no se han aprobado en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, tres regiones actualmente gobernadas por el PP y Vox.
Torres explicó que los servicios jurídicos de su Ministerio han estudiado la ley aragonesa y los aspectos que deroga de la anterior de 2008 y han concluido la “evidente vulneración en su contenido de los derechos humanos, del derecho internacional, de las resoluciones de Naciones Unidas y de todos los convenios internacionales”.
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