MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La delegación europea de Ciudadanos pidió este jueves a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, una reunión urgente la próxima semana para exponerles la ley de amnistía y plantear medidas desde la Unión Europea para detener este “peligroso proyecto”.
“Estamos seguros de que la Comisión Europea defenderá el Estado de derecho ante este grave ataque como lo hizo en Rumanía en 2019 con una ley mucho menos preocupante”, afirman los siete eurodiputados en una carta dirigida a ambos comisarios nada más aprobarse en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la proposición de ley.
En la carta, los eurodiputados explican “la gravedad” del contenido de la norma y de las últimas enmiendas, “que amplían el alcance ya extremadamente amplio e indeterminado del proyecto”, y advierten de que la ley ha sido defendida por el Gobierno como un “referente para otras leyes en el mundo”.
“Si se aprueba sin ninguna objeción por parte de la Unión, la ley será de hecho un referente para otros Estados miembro: un referente de cómo permitir a los gobernantes conceder impunidad a delitos penales gravísimos a cambio del apoyo parlamentario necesario para mantenerse en el poder, un referente que permitiría a los presuntos delincuentes ser los autores de su propia amnistía, con una única condición, tener la influencia política para hacerlo”, denuncia CS.
Así, se amplía el alcance de la norma “a una serie aún más amplia de ilícitos penales terroristas, como los que actualmente se investigan dentro de la causa especial número 21248/2023, que involucra Carles Puigdemont en relación con lo ocurrido en el Aeropuerto de Barcelona el 14 de octubre de 2019”.
Por otro, sobre los delitos de alta traición y delitos contra la integridad y la paz del Estado, la ley en su nueva redacción “abre la puerta a la amnistía total de cualquier delito derivado de injerencias extranjeras o intentos de entidades extranjeras de desestabilizar un Estado miembro”.
“La aprobación de la ley de amnistía implicaría que los procedimientos judiciales en curso relativos a los delitos penales mencionados tendrían que darse por terminados, y las sentencias ya dictadas quedarían sin efecto. El Poder Judicial español quedaría automáticamente privado de su prerrogativa constitucionalmente exclusiva de juzgar y ejecutar sentencias”, asevera.
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