Pide al Ministerio consultar a la UE sobre una posible prórroga para que la gestión siga a cargo del Gobierno durante el primer semestre de 2025
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado este viernes a las comunidades autónomas a que aceleren la implementación de las tarjetas monedero en sus respectivos territorios, para complementar los servicios de asistencia alimentaria que ya están operativos y que permiten, en su conjunto, alcanzar a todas las personas que necesitan estos servicios.
En este encuentro, por vía telemática, ha participado la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acompañada del director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado. Aunque disconforme con puntos del programa, en el que ve «incertezas», fuentes del departamento autonómico han ratificado a Europa Press que la Xunta ha mostrado su disponibilidad para empezar a derivar usuarios a Cruz Roja a partir del mes de junio.
Este Consejo Territorial extraordinario tenía, precisamente, como único punto en el orden del día la puesta en marcha del ‘Programa Básico’, el nuevo sistema de tarjetas monedero para facilitar el acceso a productos de alimentación y de primera necesidad a las familias en situación de vulnerabilidad con menores a cargo.
El Gobierno gallego, ante las «todavía muchas incertezas existentes» a la hora de implantarlo, ha pedido al Ministerio que consulte con la Unión Europea (UE) la posibilidad de una prórroga para que, durante el primer semestre del año 2025, la gestión siguiese a cargo del Gobierno central.
DISCONFORMIDAD EN VARIOS PUNTOS
La Xunta también ha reiterado su «disconformidad» porque el programa va a «dejar fuera» a mucha población en situación «de pobreza severa».
Como argumento, las fuentes consultadas por Europa Press, apuntan que más de la mitad de los ayuntamientos «no cuentan con ningún supermercado de las cuatro cadenas que trabajarán con Cruz Roja durante el tiempo que lo gestione el Ministerio.
Pero también, se queja el Ejecutivo autonómico, «se excluye a las personas que no tienen menores a cargo».
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