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El juicio de la hermana de una mujer asesinada por su pareja contra la Casa da Muller de Lugo ha sido llevado a sentencia

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La demandante denuncia el funcionamiento «anormal» del servicio y la información «omisiva» brindada a la víctima el mismo día de su asesinato

LUGO, 11 (EUROPA PRESS)

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Lugo ha acogido este jueves la vista contra la Casa da Muller señalada tras la denuncia interpuesta contra el servicio público por parte de la hermana de una mujer asesinada en 2016 a manos de su pareja en la localidad de Becerreá (Lugo).

De acuerdo a la demanda formulada por la denunciante, la Casa da Muller, el servicio municipal encargado de prestar asistencia a mujeres víctimas de violencia, funcionó aquel día de manera «anormal», prestando una información «insuficiente y omisiva» a su hermana, quien había sido encañonada con una escopeta a modo de amenaza por su pareja semanas antes de resultar asesinada a tiros.

En el juicio, que había sido suspendido el pasado 28 de noviembre debido a la baja por enfermedad de la trabajadora social del centro, se ha tomado declaración este jueves a los dos hijos de la víctima; a la mencionada trabajadora social y al director de la Casa da Muller; y a la educadora social de la asociación Alar que derivó a la mujer asesinada, Ana Gómez Nieto, al servicio dependiente del Ayuntamiento de Lugo.

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La trabajadora social, que recibió en las instalaciones de la Casa da Muller a la víctima el mismo día de su asesinato a manos de su pareja –el 11 de febrero de 2016– ha asegurado ante el juez haber prestado un correcto acompañamiento y asesoramiento a la mujer y haber actuado en todo momento de acuerdo al «protocolo».

«Nosotros no hacemos denuncia en contra de la voluntad de la víctima. Yo le dije que acudiera a los servicios sociales de Becerreá, pero no tuve tiempo, no tuve margen de maniobra para hacer nada. Esto fue por la mañana y el hecho fatídico ocurrió por la tarde», ha explicado, antes de reconocer que ella fue la única profesional del centro que se entrevistó aquel día con la víctima.

El director de la Casa da Muller –que se desempeñaba en 2016 como psicólogo en la misma entidad– ha negado que Ana Gómez Nieto acudiera al servicio en busca de asesoramiento con anterioridad a la fecha de su asesinato –como sostenía la acusación– y también que parte del personal del centro se encontrase aquel día de baja.

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La educadora de la asociación Alar, que fue la primera persona en conocer de parte de la víctima las amenazas proferidas por su pareja y la encargada de derivar el caso a la Casa da Muller, ha asegurado haber solicitado una cita al servicio en nombre de Ana Gómez Nieto el 26 de enero, es decir, más de dos semanas antes del asesinato. «Les dijimos que era urgente y le dieron para el 11. Nos dijeron que no podían adelantar la cita», ha confesado.

FASE DE CONCLUSIONES

El abogado de la demandante ha hecho hincapié en la fase de conclusiones en que el funcionamiento de la Casa da Muller en relación a la asistencia prestada a la víctima fue «anormal», que la información facilitada por sus trabajadores resultó «insuficiente y omisiva» y que existe un «nexo causal» entre la «pasividad» en el funcionamiento del servicio y el posterior asesinato de Ana Gómez Nieto.

También ha sostenido, para justificar su petición de una sentencia condenatoria, que desde la Casa da Muller «ni ayudaron, ni asesoraron, ni denunciaron las amenazas» proferidas a la víctima; y que la «falta de personal» y la «nula potestad organizativa» del centro impidió que el asesinato pudiese ser evitado.

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La representación procesal de la Casa da Muller, que ha actuado en nombre del Ayuntamiento de Lugo, ha solicitado por su parte la «desestimación íntegra de la demanda» argumentando que la reclamación es extemporánea y que no puede existir responsabilidad patrimonial alguna del Ayuntamiento en relación con lo sucedido.

«Todo funcionó con arreglo al procedimiento normal de atención. La intervención fue razonable, el trabajo profesional correcto y negamos rotundamente que pueda existir un nexo causal entre la actuación del Concello y los hechos sucedidos», han defendido.


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