María Cadaval pide que «recupere protagonismo» el fondo de compensación interterritorial y Elena Muñoz centra su intervención en críticas al Gobierno
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)
Las comparecencias de la comisión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica han comenzado con una llamada a que se atienda la dispersión y el envejecimiento que padece Galicia, así como con una reclamación para que haya «mejoras» en la autonomía sobre los principales impuestos –IVA, IRPF y especiales–.
En esta primera jornada este martes en el Parlamento gallego han tomado la palabra la doctora en Economía Aplicada María Cadaval y la senadora y exconselleira de Facenda, Elena Muñoz.
Así, Cadaval ha resumido las principales demandas en favor de una financiación justa para Galicia en: una defensa de la «nivelación total» entre territorios; «mejoras» en la autonomía de los principales impuestos; y «pelear» por que la población ajustada responda a necesidades –introducir el cómputo de los costes fijos, como pueda ser mantener una infraestructura en una población más pequeñña–.
Igualmente, reclama que el fondo de compensación interterritorial «recupere el protagonismo que tuvo en otra época», pues destaca su caída desde la reforma del sistema de financiación autonómica de 2009.
Y es que Cadaval identifica «deficiencias» en el principio de suficiencia financiera, dado que el Estado «tiene más recursos que competencias», mientras «apenas hay flexibilidad» para que las comunidades puedan «adoptar y adaptar su recaudación a necesidades de cada momento». Aboga por que el reparto de deuda y déficit sea «más acorde» con la distribución de competencias reales de Estado y comunidades.
De hecho, observa que la «cesta tributaria» es «más importante» que la población ajustada a la hora de contar con mayores recursos.
En lo tocante a «hacer valer la población ajustada» en vez de la población total, pide que la singularidad de cada territorio en función de la estructura poblacional y su uso de la sanidad, así como la dispersión «no se deje fuera de ese cálculo».
«ARMONIZACIÓN» EN IMPUESTOS CEDIDOS
Respecto a los impuestos cedidos, Cadaval llama a una «armonización mínima» entre comunidades, puesto que provocan que la gente «vote con los pies» al desplazarse de comunidad por tener una menor presión fiscal.
Reflexiona sobre que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y los fondos de facilidad financiera «tienen que dar paso a autonomía y responsablidades» de las comunidades. «Las comunidades que decidan bajar impuestos por un lado no pueden estar poniendo la mano por el otro para que se les transfieran recursos que no cuestan políticamente recaudar» a través de esos fondos.
Habla de una mayor autonomía tributaria y opina que las comunidades «deberían ser autónomas en la configuración de sus ingresos» y poder «adaptarse a demandas que hacen sus ciudadanos», mientras recuerda que los tributos propios solo suponen poco más del 2% de la financiación autonómica. Esta catedrática critica que «no es de recibo que se tarden dos años en hacer regularización y ajuste real» en el IRPF.
Defiende una «vuelta a la nivelación total», por lo que «deberían entrar todas las comunidades sin excepción», pues que haya dos autonomías forales «no implica que no tengan que hacer aportación a la redistribución». Considera «injusto» el actual modelo, pues «no hay ninguna razón objetiva» para que País Vasco y Navarra «no aporten a esa redistribución».
Recuerda que en 2009 se transformó la nivelación total en «parcial», lo que se compensó a través de fondos «opacos y poco transparentes», pues se quiso «vestir una nivelación parcial con ajustes para un nivelación total a unas comunidades sí y otras no».
«APRETARSE EL CINTURÓN»
Asimismo, la catedrática de Economía Aplicada augura que «va a tocar apretarse el cinturón» los próximos años para bajar el nivel de deuda contraída, aunque prevé que no será «del mismo modo» que en 2008.
Paralelamente, requiere mayor transparencia y cogobernanza, pues el Gobierno central «no puede seguir acaparando recursos e información sobre recursos de los que se dispone de forma unilateral». Apela a una mayor colaboración entre la Agencia Tributaria y las agencias autonómicas.
CRÍTICAS DE ELENA MUÑOZ AL GOBIERNO
Por su parte, la exconselleira Elena Muñoz ha centrado buena parte de su intervención en criticar al Gobierno. Deja claro que «no se puede dejar margen» al Ejecutivo central «a criterios políticos y no técnicos», y se refiere a ejemplos como el reparto de fondos covid.
De tal forma, en la financiación autonómica pide «limitar criterios arbitrarios y discrecionales». «Desde el Senado estaremos vigilantes», advierte.
Avisa de que si no se cuenta con un sistema de financiación «adecuado», no se puede hablar de «autonomía financiera real», que es lo que «garantiza el autogobierno». Precisamente, reprueba que el actual modelo arrastra «problemas» desde «su propio nacimiento» porque fue «no pactado» y «no dejó satisfecho a nadie», un «gravísimo error que Galicia denunció en su momento».
Ve «imprescindible que se corrijan los errores pasados». Para lo cual, propone requisitos «irrenunciables» que pasen por la «tranparencia». Exige «lealtadad institucional», ya que el «último ejemplo especialmente grave» fue que Galicia tuviese que recurrir a la vía judicial por la negativa del Gobierno a abonar lo adeudado por el IVA.
El hecho de que se incluya a la dispersión y el envejecimiento «de modo suficiente» hará que la reforma «sea buena para Galicia y para el resto de comunidades», siguiendo el «mandato constitucional» de cualquier ciudadano tiene derecho a la misma calidad en los servicios públicos «con independencia del lugar de residencia».
Muñoz también aboga por tomar medidas en el ámbito fiscal que pasen por «recuperar el consumo de las familias» a través de «una rebaja fiscal selectiva y dirigida».
VISIÓN DE LOS GRUPOS
En el debate, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha puesto sobre la mesa que Galicia defienda una propuesta «ambiciosa». «La idea de que Galicia es pobre y dependiente del Estado, además de falsa, debilita nuestra posición negociadora», afirma.
Apuesta por un concierto económico para que Galicia no sufra «discriminaciones», después de que la última reforma hiciese «perder peso» a Galicia en el sistema de finaciación.
Pontón propone ampliar hasta el 90% el porcentaje de cesión del IVA y del IRPF a Galicia, así como reclamar la cesión del impuesto de sociedades para que tributen en la comunidad las empresas que tengan actividad productiva.
Expone que el peso de la población ajustada de Galicia sobre las comunidades de régimen común cayó del 7,59% en 1999 hasta un 6,56% en 2020. Quiere que la ponderación de criterios como el envejecimiento pasen del actual 8,5% al 15%, mientras la dispersión aumente del 0,6% al 4,2%.
Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) defiende que el Gobierno central ha asumido que este debate «es absolutamente necesario». Hace un llamamiento a conseguir un acuerdo en la Cámara entre los tres grupos para defender una postura común ante el Estado.
Sobre la comparecencia de Elena Muñoz, Rodríguez Rumbo se ha quejado de que dedicó «la mayor parte de su intervención a criticar la gestión del Gobierno del Estado sin aportar cuál es su visión».
Por su parte, Pedro Puy (PPdeG) ha remarcado que las comunidades asumen los gastos de gestión de sanidad, educación y servicio sociales, por lo que se debe atender a que para Galicia son más «costosos» debido a la dispersión y el envejecimiento.
Además, Puy ha reconocido que las dos primeras comparecientes «aúnan bien» para «tener dos visiones de perspectiva más completa» al contar con «un enfoque más teórico» y una persona que «tiene experiencia de gestión».
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