BADAJOZ, 12 (EUROPA PRESS)
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que «ninguna» de las cerca de 50 denuncias tramitadas en la región durante las protestas agrarias registradas las pasadas semanas son de aquellas manifestaciones que estaban autorizadas, sino que han sido en «algunas» que no lo estaban «donde ha habido mayor tipo de problemas».
De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras reunirse en la tarde de este martes, día 12, con representantes de las organizaciones agrarias UPA-UCE, Asaja Extremadura y La Unión en la Delegación del Gobierno, en un encuentro en el que estas le han pedido que se retiren estas denuncias, en relación a lo cual Quintana ha explicado que son unas 50 y que en la reunión les ha explicado que un agricultor «por colaborar solamente no tiene ninguna denuncia».
«Si no ha colaborado tiene un tipo de denuncia y si, además, ha tratado de impedir o no hacerse caso de la Guardia Civil tiene otra», ha remarcado, junto con que en cualquier caso está en periodo de alegaciones, y ellos pueden alegar. «Lógicamente actuaremos en su momento, pero desde luego en ningún caso vamos a quitarle la autoridad a la Guardia Civil», ha destacado.
En este punto, ha rememorado que, en algunos casos, ha habido accidentes «por culpa de manifestaciones que no han sido autorizadas» y que «curiosamente» hay que explicar que «ninguna de las denuncias son de aquellas manifestaciones que estaban autorizadas», dado que «han sido en algunas que no estaban autorizadas donde ha habido mayor tipo de problemas». Así y sobre la complejidad que puede suponer dicha retirada de las multas, ha abundado en que pueden hacer las alegaciones y en que no se ha ido «en ningún caso al máximo de la denuncia».
De esta manera se ha pronunciado tras dicho encuentro, ha explicado el delegado, en la línea de lo que el Gobierno de España está realizando con el sector agrario, un ejecutivo «comprometido con el sector agrario» y que lo demuestra con un trabajo conjunto y una coordinación y «desde luego» una relación con las organizaciones agrarias.
Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en que la reunión se ha producido en un plano «muy cordial» y de colaboración, y en que «lógicamente» en la Delegación entienden muchas de sus reivindicaciones, como también saben que el ministro de Agricultura está trabajando «precisamente para mejorar las condiciones del campo».
ORGANIZACIONES AGRARIAS
Por su parte, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha recalcado que «si el delegado del Gobierno en Cataluña no comete prevaricación al no sancionar a ningún agricultor que corta la autovía», lo que piden en la región es «el único cacique siga siendo el alcalde de Mérida» y que Quintana quite las multas «igual que en Cataluña».
Asimismo, ha resaltado que una «enorme preocupación» por parte del sector agrario extremeño es la ausencia de mano de obra en esta región con más de 70.000 parados. «A ver quién soluciona esto», se ha preguntado.
Mientras, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha explicado que en la reunión han trasladado al delegado la problemática del campo, y, en concreto, ha pedido la derogación tanto de la reforma de la PAC y de la Agenda 2030, como la última normativa como la referida a la restauración de la naturaleza, a la vez que ha advertido de que otros reglamentos como la ley de bienestar animal o la ley de transporte de animales vivos «lo que van a hacer es dificultar más el día a día en nuestro campo».
Por otro lado y sobre las citadas denuncias, ha incidido en que desde su organización han apoyado todo tipo de actuaciones y movilizaciones en defensa del campo, pero piden que «esa amnistía que se está viendo con algunos en España, en este caso con delincuentes» que la haya «con los agricultores y ganaderos, y esas sanciones se retiren».
Por su parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha explicado a los medios que en el encuentro han trasladado al delegado la problemática que tienen en el sector agrario en la región, y que han estado realizando movilizaciones durante todo este tiempo para tratar de que se establezcan una serie de medidas, al hilo de lo cual ha recordado que piden un plan de choque por parte de la organización que representa en los tres ámbitos, tanto a nivel nacional, como a nivel europeo y de la comunidad autónoma.
Este lunes, ha recordado Huertas, se reunieron con la presidenta de la Junta, y este martes con el delegado para aportarle el punto de vista de las organizaciones en la región y que, a su vez, lo traslade al Gobierno nacional, tras lo que ha precisado que le han pedido que se cumpla la ley de la mejora de la cadena alimentaria, que se paguen precios que cubran los costes de producción y no ocurra como les sucede, ha ejemplificado, con la denuncia que están haciendo sobre las tomateras, «muchas» de las cuales han contratado a precios por debajo de los costes de producción.
También le han planteado en relación a las citadas denuncias que se están produciendo que, desde la organización que representa, piden que no se sancione a los agricultores y a los ganaderos que se han manifestado «de buena fe» y que «si hay que señalar a alguien» las fuerzas de seguridad «saben quienes fueron aquellos que, escondidos tras la siglas de las plataformas, animaban a generar enfrentamientos y confrontación».
A su vez, el secretario general de La Unión de Extremadura, Luis Cortés, ha precisado que han trasladado sus reivindicaciones relativas tanto a la ley de la cadena alimentaria como de las cláusulas espejo o la reciprocidad en las importaciones, así como que sea «especialmente inciso» con la vicepresidenta del Gobierno sobre el trasvase Tajo-Guadiana porque al primero «le sobra agua» y al segundo «le falta mucha». También le han hablado sobre la ayuda al gasóleo.
Igualmente, ha explicado que han trasladado al delegado sobre las denuncias referidas a las protestas agrarias que hay algunas comunidades autónomas en las que «no se están poniendo denuncias y llevan los tractores, algunas veces, hasta tres días cortando una autovía y no les ha pasado nada». «No entendemos por qué en Extremadura hay más de 60 denuncias, según la propia Delegación, que algunas son hasta de 1.500 euros», ante lo que reclaman que las quite o, como hacen otros delegados, las deje «en un cajón y ya prescribirán».
También ha recalcado que no quieren ver el nombre de la organización que representa «en ninguna manifestación» que no hayan convocado, y que desconocen por qué la Guardia Civil «ha metido» a La Unión de Extremadura en unas denuncias, «cuando la que había convocado era la plataforma 6F». «Era mentira que nosotros habíamos convocado, ya está bien que cada vez que se hace algo que no está recogido por la legalidad siempre se achaque a nuestra organización», ha dicho.
Finalmente, Dionisio Sánchez Pulido, gerente de SAT Asociaciones Agrupadas TAB, una agrupación de productores de tabaco, ha incidido en que ha acudido acompañando a las organizaciones agrarias como representante del tabaco y en relación a un producto que para ellos es «esencial», como el 1,3 dicloropropeno, en aras de que traslade al Ministerio el uso excepcional de este producto desinfectante de suelos para que puedan tener unas cosechas «dignas».
- Te recomendamos -
