MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CSRD), la nueva normativa de la Unión Europea (UE) que obliga a las empresas a informar sobre el impacto de su actividad en el ámbito de la sostenibilidad, afectará a cerca de 50.000 empresas en España, según se ha puesto de manifiesto en una jornada organizada por Grant Thornton.
Con el lema ‘Sostenibilidad: nuevos requerimientos de información’, durante el encuentro –celebrado en colaboración con Cámara de Madrid– se ha analizado el actual marco normativo al que, en materia de sostenibilidad, se enfrentan las empresas en España compuesto, principalmente, por la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad o CSRD, los nuevos Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS), la Taxonomía o los Estándares IFRS S1 y S2.
«La sostenibilidad en el ámbito empresarial es una realidad que ha venido para quedarse. Las compañías han de ser conscientes de que genera valor, por lo que no pueden quedarse fuera. Más que obligaciones normativas, la sostenibilidad nos genera oportunidades», ha argumentado en su intervención José Manuel López, socio de Auditoría y experto en Assurance No Financiero de Grant Thornton.
En el caso de la nueva Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), es la regulación más importante a la que se tendrán que adaptar las empresas en los próximos años al obligar a las compañías a aumentar la transparencia y la responsabilidad con sus grupos de interés, ampliando la información en materia de sostenibilidad a través del análisis, la evaluación comparativa y la verificación.
«Los principales aspectos de esta nueva Directiva es que las compañías van a tener que establecer cuáles son sus impactos, riesgos y oportunidades en relación con la sostenibilidad, es decir sobre aspectos sociales, de medioambiente y de gobernanza. Y todo ello basado en un análisis de doble materialidad», ha advertido López. De este modo, aproximadamente 50.000 empresas estarán obligadas a informar sobre sostenibilidad, incluidas las grandes empresas, así como las pymes cotizadas, mientras que anteriormente eran 11.600 compañías.
Además, en 2025 tendrán que presentar sus informes las compañías que ya estaban sujetas a la anterior Directiva del ejercicio 2014, respecto a su ejercicio fiscal 2024 y en 2026 les seguirán el resto de grandes empresas, respecto su ejercicio fiscal 2025, mientras que en 2027 será el turno de las pymes cotizadas.
La nueva regulación exige también que se incluyan detalles específicos sobre su modelo de negocio y la estrategia relacionados con estos aspectos de sostenibilidad. En este sentido, resultarán clave el papel, la experiencia y las habilidades de los órganos de gobierno en la gestión y supervisión de aspectos sostenibles. Además, la divulgación de información deberá llevarse a cabo de conformidad con los estándares europeos ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
«Muchas empresas han encargado la elaboración del Estado de Información No Financiera a la dirección financiera, pero con la nueva Directiva se está haciendo necesario que las compañías informen de una serie de estrategias, políticas, indicadores, impactos, riesgos y oportunidades significativos en base a un análisis de doble materialidad, que requerirá de la participación de los órganos de gobierno, consultas a los grupos de interés, cadena de valor, diferentes comités y departamentos y un sistema de reporting de la información no financiera, para elaborar de manera correcta el futuro Informe de Sostenibilidad», ha explicado López.
Asimismo, ha añadido que la Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad pone el foco en el concepto de doble materialidad, «hasta el punto de que va a ser la piedra angular para la elaboración del futuro Informe de Sostenibilidad». Así, las compañías, tras el análisis de impactos, riesgos y oportunidades, «deberán identificar las consecuencias que provoca la empresa en la sociedad y el medio ambiente (de dentro hacia fuera), así como las que genera el propio medio ambiente, las personas y la sociedad en el valor de la compañía (de fuera hacia dentro)».
Entre los estándares sobre los que se van a tener que reportar se encuentran los transversales y los temáticos, entre los que se sitúan los medioambientales, los sociales y los relacionados con la gobernanza. «Antes se tenía que reportar sobre unos 90 indicadores y ahora podemos llegar a 1.100. Pero si se trabaja y se documenta bien el concepto de la doble materialidad habrá algunos de estos indicadores que al no considerarse materiales no se tendrán que reportar», ha puntualizado.
Por todo ello, López ha recordado que la definición de la doble materialidad «debe quedar bien documentada, quedar constancia de haber hecho un análisis de los impactos, riesgos y oportunidades, e involucración en el proceso a los grupos de interés y toda la cadena de valor, porque se tiene que poder verificar».
OTRAS REGULACIONES
López ha hecho referencia a otras regulaciones que las empresas también han de tener en cuenta en materia de sostenibilidad, como el Reglamento Taxonomía (UE) 2020/852. «La taxonomía trata principalmente de temas climáticos y medioambientales, y tiene como objetivo establecer como las actividades de las compañías son elegibles y están alineadas con los objetivos de clima definidos en dicho reglamento», ha precisado.
Los objetivos que son de aplicación para este reglamento son mitigación y adaptación de cambio climático, sostenibilidad y protección del agua y los recursos marinos, transición a una economía circular, control y prevención de la contaminación y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Así, el socio de Grant Thornton ha destacado que «la taxonomía se va a aplicar a todos los que les aplique la Directiva».
En cuanto a los estándares IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera), en concreto, los estándares IFRS S1 y IFRS S2, requieren información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el medio ambiente y el clima que sea útil para los usuarios de las cuentas anuales y serán también obligatorios para el año fiscal 2024 para las empresas que formulan bajo estos estándares financieros internacionales.
Por otro lado, López ha subrayado la importancia que tiene la sostenibilidad para las compañías, no solo en término de cumplimiento normativo, sino que genera un gran valor para ellas pues «más que una obligación es una oportunidad». Al respecto, ha argumentado que resulta fundamenta a nivel de acceso a financiación e inversión, «ya que cada vez más inversores y entidades tienen en cuenta los requisitos en materia de sostenibilidad».
De este modo, en términos de actividad, la sostenibilidad evita barreras de crecimiento y mejora la visibilidad y capacidad de captación con los clientes. Además, incrementa el sentimiento de pertenencia y atracción de los profesionales en momentos en el que el talento es una pieza crucial.
«Los empleados, especialmente los más jóvenes, están demandando aspectos más allá del salario, entre los cuales está el respeto al entorno», ha indicado, por lo que ha recomendando «tener un departamento, responsables y recursos destinados a la sostenibilidad, y diseñar un plan de actuación». «El proceso es largo, por lo que, aunque, una empresa no tenga que elaborar el informe de sostenibilidad hasta 2026, hay que ponerse en marcha ya», ha zanjado.
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