MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
Un centenar de personas en situación de pobreza han exigido en Valencia la articulación de políticas de “empleo digno y garantía de ingresos”.
Así lo han demandado en el marco del XVII Encuentro Estatal de Participación que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), junto a su red territorial EAPN Comunitat Valenciana (EAPN CV), ha celebrado esta semana en el Complejo Deportivo Cultural Petxina de Valencia, según precisó este viernes la red en un comunicado.
El encuentro reunió a un centenar de personas con experiencia en pobreza con el objetivo de “fomentar” su participación en la esfera pública y “recoger» sus demandas para «activar políticas eficaces en la lucha contra la pobreza”, que tuvieron ocasión de trasladar este viernes en un diálogo con la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Patricia Bezunartea, y el director general de Inclusión y Cooperación al desarrollo de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Pedro Carceller.
En concreto, dialogaron con ambos representantes en torno a las acciones que se están llevando a cabo para “generar espacios de participación ciudadana”, así como sobre las políticas y “prioridades” en materia de lucha contra la pobreza, teniendo en cuenta que, según el Avance de Resultados del XIV Informe ‘El Estado de la Pobreza’ de EAPN-ES, las cifras de pobreza y exclusión social han “empeorado” en 2023 y alcanzan ya a 12,7 millones de personas en España.
En la presente edición del encuentro, la pobreza laboral y las políticas sobre garantía de ingresos sociales centraron los espacios de trabajo, con la vista puesta también en las elecciones europeas del próximo 9 de junio.
ENFRENTAR LA POBREZA EN EL EMPLEO
Con el fin de “enfrentar” la pobreza en el empleo, se expuso la necesidad de garantizar el acceso de colectivos en situación de vulnerabilidad a empleos “dignos”, impulsar la colaboración público-privada “necesaria en este asunto” y facilitar la regularización de las personas migrantes para que puedan acceder a un empleo.
Además, se propuso “implementar y mejorar” las políticas de conciliación y la promoción de sistemas de inspección “más sólidos” para que las empresas cumplan con los derechos laborales, “con especial atención a la salud mental”.
Por otro lado, en materia de garantía de ingresos sociales se abordó la urgencia de “impulsar” una renta mínima universal cuya cuantía “se iguale al salario mínimo”, la inclusión de las personas migrantes en situación irregular dentro de las políticas sociales y la creación de una “ventanilla única” para gestionar todas las prestaciones.
Las conclusiones se presentaron en el panel de clausura del evento, que contó con la presencia de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; la vicepresidenta segunda y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero; el presidente de EAPN-ES y de EAPN Europa, Carlos Susías y la presidenta de EAPN CV, Lola Rodríguez.
A este respecto, Rosa Martínez señaló que el empleo y la garantía de ingresos «son cuestiones fundamentales” y resaltó también la necesidad de incluir políticas públicas de vivienda que, a su juicio, deben estar “en el corazón de las políticas de lucha contra la pobreza”. “Tenemos el compromiso de defender los derechos sociales y mejorar los servicios sociales”, apuntó la secretaria de Estado, que defendió como conclusión “el papel fundamental en la democracia” de la sociedad civil y “en la mejora de las políticas públicas”.
Por su parte, Carlos Susías recordó la importancia de que las personas en situación de pobreza voten en las próximas elecciones europeas del 9 de junio e hizo hincapié en algunas medidas que la red considera “urgentes”, como políticas que garanticen el derecho a la vivienda o las mejoras pendientes en el IMV, para que sea “más intenso y más extenso”, además de «accesible» para las personas que tienen derecho a la prestación, en línea con las propuestas planteadas en torno a esta ayuda por el gabinete de Pablo Bustinduy.
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