Otras empresas acusadas reconocen que cuando se contrató al comisario no hacían «evaluación de los proveedores»
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La representante legal de Herrero&Asociados, un despacho de abogados juzgado en la Audiencia Nacional por contratar a CENYT, el grupo empresarial del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, para presuntas labores de espionaje a un bufete rival, ha sostenido este miércoles ante el tribunal de ‘Tándem’ que los cinco empleados encausados actuaron a espaldas de la empresa, aseverando que tanto la sociedad como el resto del personal fueron «engañados».
Herrero&Asociados habría contratado a CENYT en 2013 para espiar a Balder, un bufete de la competencia creado por antiguos trabajadores que sospechaba que les había robado la base de datos, en el denominado proyecto ‘Iron’.
La compareciente, actual jefa del departamento de asesoría legal, ha desligado a Herrero&Asociados de la decisión de contratar a las empresas de Villarejo para investigar al despacho rival, responsabilizando exclusivamente a los cinco socios –incluido un socio fundador y administrador solidario– que están sentados en el banquillo de los acusados por este asunto.
«Estaban actuando en su propio interés y en su propio beneficio (…) Actuaban por sí mismos», ha afirmado, al tiempo que ha explicado que la empresa, después de contratar a dos despachos de abogados, que les dijeron que no veían factible emprender acciones legales contra Balder, y hasta a un detective privado, había decidido pasar página.
Así, ha sostenido que el encargo al comisario se hizo sin que lo supieran los otros tres administradores solidarios, el resto de socios y el conjunto de empleados que tenía Herrero&Asociados por aquel entonces (unos 150). «Nos han engañado», ha aseverado.
En este sentido, ha detallado que, de cara a preparar su intervención en este procedimiento judicial, se ha entrevistado con los cinco acusados y ha buscado documentos internos –‘emails’ o notificaciones– que puedan reflejar que fue un «acto social» pero no ha encontrado «absolutamente nada».
Ella misma se ha retratado como «víctima» porque fue una de las trabajadoras investigadas por CENYT, a la caza de posibles topos en el contexto del clima de profunda desconfianza que había en Herrero&Asociados. En su caso, solo averiguaron que tenía dos hermanos, «que además confunde», que le gustaba el sushi y que tenía un hurón. «Si yo creyese que mi empresa me espió no estaría aquí sentada», ha enfatizado.
Además, ha subrayado que «la contratación con CENYT no solo no ha beneficiado a la empresa sino que la ha perjudicado», a nivel económico, porque Villarejo les cobró unos 300.000 euros, y a nivel reputacional por la «pena de banquillo».
No obstante, ha reconocido que el que fuera director general Andrés Medina sí comunicó que se había presentado una denuncia contra Balder. Una vez hecho este movimiento, al resto de socios y administradores –ha manifestado– «les pareció bien intentarlo». «Habíamos sufrido mucho», ha reiterado. Según ella, fue el único servicio que le consta que CENYT prestó y no hubo «nada ilegal» en ese proceso penal, que resultó infructuoso.
EL DIQUE DEL ‘COMPLIANCE’
El fiscal anticorrupción Miguel Serrano ha querido ahondar en los resortes que tenía entonces y ahora Herrero&Asociados para evitar y detectar posibles actuaciones ilícitas en su seno.
A este respecto, la representante legal ha declarado que esos cinco empleados no siguieron los protocolos ya fijados en 2013 en el despacho de abogados para contratar y facturar.
Según ha expuesto, la decisión de contratar con CENYT se debía haber consensuado en los órganos de gobierno de la empresa, una vez adoptada se debían haber hechos unas comprobaciones mínimas sobre CENYT y finalmente las facturas tendrían que haber recibido el visto bueno de hasta tres personas.
En cambio, ha apuntado, los cinco acusados actuaron por su cuenta, el contrato fue verbal y las facturas se «maquillaron», puesto que se trocearon y camuflaron los verdaderos conceptos, y pasaron únicamente por manos del director financiero del momento, Álvaro Martínez, uno de los señalados.
Asimismo ha reivindicado que, aunque no por escrito, en 2013 sí existían los citados sistemas de control interno que «se han ido depurando» a partir de 2015, cuando se produce la última reforma del Código Penal sobre responsabilidad de las personas jurídicas, hasta reflejarse en dos documentos vigentes en la actualidad.
A su juicio, los cinco acusados podrían haber cometido actos de administración desleal, por cuanto pagaron de «las arcas de Herrero&Asociados» un servicio no solicitado ni autorizado por el bufete, si bien ha estimado que habrá que esperar qué concluye la Justicia. De momento, siguen como trabajadores, aunque «se les quitaron los poderes», porque un eventual despido sería «una medida agresiva» teniendo en cuenta que podrían ser declarados inocentes, ha justificado.
SE CONTRATABA COMO EN «REINOS DE TAIFAS»
Por otro lado, han comparecido los representantes legales de las sociedades a las que dio lugar la escisión de PROCISA, empresa promotora de la urbanización de lujo La Finca (Madrid) que también habría contratado a CENYT para investigar a entidades y personas para resolver distintos conflictos que iban desde la disputa por una herencia familiar a litigios mercantiles, lo que se conoce en la causa como proyecto ‘Land’.
En ambos casos han indicado que han tenido noticia de los servicios prestados por Villarejo a PROCISA a raíz de las pesquisas judiciales. No obstante, el representante de La Finca Real Estate y La Finca Somosaguas Golf ha admitido que en aquella época no había una «evaluación de los proveedores», porque no había un criterio común, sino que cada departamento decidía a quién contratar casi con total autonomía. «Se funcionaba como pequeños reinos de taifas», ha descrito.
Entonces, conforme ha relatado, PROCISA era «una promotora a la antigua usanza donde todo se hacía de manera artesanal», algo que tuvo que cambiar en 2016 con la irrupción de un fondo de inversión norteamericano que tenía unos estándares «muy altos» de funcionamiento interno.
El «proceso de modernización» que, según él, se ha producido desde entonces en las empresas herederas de PROCISA haría impensable que lo ocurrido con Villarejo se repitiera. Ahora, ha defendido, las sociedades del grupo La Finca cuentan con un verdadero sistema de ‘compliance’.
POR NECESIDADES FINANCIERAS, NO PARA ELUDIR RESPONSABILIDADES
De Rivas ha protagonizado un exhaustivo interrogatorio sobre el proceso de conversión de PROCISA en tres empresas distintas, preguntando directamente si la verdadera intención de esta operación societaria era eludir las responsabilidades que se puedan derivar de este juicio.
«No, para nada, no había ningún tipo de intención de defraudar ninguna norma», ha respondido tajante la representante de La Finca Global Assets, para aclarar que el propósito era concentrar en una sola empresa los activos que interesaban al inversor extranjero, dejando al margen los demás, donde no quería participar.
Su colega ha añadido que PROCISA buscó a un socio inversor porque arrastraba problemas financieros desde la crisis inmobiliaria y los bancos les habían cerrado todas las puertas, por lo que hubo que amoldar la estructura societaria a los intereses del nuevo socio.
En cualquier caso, ha hecho hincapié en que actualmente sí hay una política de cumplimiento normativo en el grupo La Finca, que los hechos enjuiciados suponen un «antecedente grave» que la ha impulsado para evitar que puedan repetirse, y que Real Estate –a quien su compañera ha identificado como «sucesora natural» de PROCISA– ha consignado en las cuentas de la AN una cantidad para cubrir eventuales responsabilidades pecuniarias.
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