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Se han reportado más de 2.500 incidentes violentos contra trabajadores y centros sanitarios en áreas de conflicto, según un informe

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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos (SHCC, por sus siglas en inglés) ha publicado un nuevo informe en el que identificó 2.562 incidentes de violencia u obstrucción de la atención sanitaria en conflictos durante 2023, lo que supone un aumento del 25 por ciento respecto a 2022.

En su undécimo informe anual ‘Violencia contra la atención sanitaria en los conflictos’, la coalición ha desvelado que los 2.562 incidentes representan 500 ataques más que los documentados el año pasado, y el más alto desde que la Coalición comenzó a realizar este documento.

En el informe se han documentado detenciones, secuestros y asesinatos de trabajadores sanitarios, además de daños o destrucción de instalaciones sanitarias en conflictos en 30 países.

«La violencia contra la asistencia sanitaria alcanzó niveles espantosos en 2023», ha afirmado el profesor Leonard Rubenstein, presidente de la Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos, integrada por más de 40 organizaciones no gubernamentales.

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«El desprecio de la ley por parte de las fuerzas combatientes, ya sea producto de la imprudencia, la indiferencia o los ataques intencionados, causó daños catastróficos a las personas necesitadas de asistencia y a los trabajadores y sistemas sanitarios que intentaban ayudarlas. El mundo corre el riesgo de no garantizar la rendición de cuentas por esta violencia», ha destacado Rubenstein.

El informe señala que hubo una intensa violencia contra la asistencia sanitaria en nuevos conflictos en Gaza y Sudán, y violencia continuada en Myanmar, Ucrania y Haití. Los centros de salud, los medios de transporte y el acceso de los pacientes a la atención sanitaria también corrieron grave peligro en el Sahel.

Además, la Coalición ha desvelado el asesinato de más de 480 trabajadores sanitarios, casi el doble que en 2023. El número de víctimas incluye médicos, enfermeros, conductores de ambulancias, farmacéuticos, técnicos de laboratorio, paramédicos y psicólogos.

«Es probable que el total sea un recuento insuficiente, ya que la recopilación de datos sobre la violencia se ve obstaculizada por la inseguridad, los bloqueos de las comunicaciones y la reticencia de las entidades a compartir los datos sobre la violencia», indica el informe.

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El documento detalla que tanto fuerzas gubernamentales como grupos armados no estatales bombardearon, ocuparon, asaltaron y destrozaron instalaciones sanitarias a lo largo del año. Cada vez con más frecuencia, las instalaciones sanitarias fueron ocupadas o reutilizadas para uso militar, en violación del derecho humanitario.

En el conflicto de Gaza, Israel atacó hospitales y ambulancias desde el aire y desde tierra. En Sudán, los centros de salud sufrieron bombardeos con mortero, misiles y bombas, y a menudo fueron objeto de actos de vandalismo en Jartum, la capital del país. Los ataques aéreos contra hospitales persistieron en Myanmar y Siria. Mientras, las fuerzas rusas entraron en los hospitales del este de Ucrania y los reutilizaron para uso militar, y en Myanmar las fuerzas armadas tomaron igualmente el control de los hospitales.

«La destrucción del sistema sanitario causa daños inmediatos y a largo plazo no sólo a los heridos por el conflicto, sino también a las mujeres embarazadas, los niños pequeños y los enfermos crónicos, a menudo con consecuencias para toda la vida», ha finalizado Christina Wille, autora del informe.

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