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Recortes Cero demanda al Congreso una reforma del Código Penal para utilizar el crimen organizado como criterio de juzgamiento de la corrupción

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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El viceportavoz de Recortes Cero, Joanen Cunyat, ha registrado este jueves en la Comisión de Peticiones del Congreso una iniciativa para exigir a la Cámara Baja una reforma del Código Penal para que los casos de corrupción sean juzgados como el crimen organizado, aumentando las penas de prisión y exigiendo la devolución del dinero.

«En los casos de corrupción que hemos visto durante las últimas décadas ha sido imposible, no solo recuperar el dinero, sino ver a algunos de los responsables de las grandes empresas que se han beneficiado de los casos de corrupción en el banquillo de los acusados o como testigos», ha advertido Cunyat ante los medios de comunicación a su salida del Congreso.

Ante esta situación, desde la organización proponen reformar el Código Penal para incluir, en primer lugar, la corrupción como ‘Crimen Organizado’, especialmente aquella que afecte a las administraciones públicas.

También quieren que, en función de la responsabilidad e implicación en la trama de corrupción, se lleve a cabo un endurecimiento de las penas y que el dinero robado sea devuelto de forma «integra», tanto el obtenido con las comisiones y como el de los contratos y operaciones derivadas de las mismas. Y por último, piden la «no prescripción» de estos delitos.

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Aunque son conscientes de que la corrupción «no es un problema nuevo», desde Recortes Cero creen que es «urgente» tomar medidas. «Los cambios en nuestro sistema legislativo siempre son lentos, pero la manifestación de la voluntad por llevarlos adelante es una cuestión política, si esto no ocurre la ciudadanía nos encontramos absolutamente indefensa ante leyes», urgen en el escrito presentado.

Los promotores de esta reforma no solo se han dirigido al Congreso, sino que este mismo jueves han acudido también al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para pedirle su amparo para abordar de manera estructural este problema y proteger a la ciudadanía ante la «incapacidad» legislativa de dar una respuesta eficaz ante la corrupción.


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