MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Unidas Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para ampliar el objeto de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género a «todos los actos de violencia contra las mujeres que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, implican o pueden implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica».
La iniciativa de Podemos, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala que la formación quiere proceder a la ampliación del objeto de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género «para que abarque a otras manifestaciones de la violencia machista, lo que supone ampliar la respuesta integral y contextualizada a todas ellas».
«La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual dio un importante paso adelante al reconocer la connotación machista de la violencia sexual, pero es necesario ahora proceder a la adecuación de la definición que nuestra normativa nacional hace de la violencia de género a los estándares internacionales», afirman los morados en la exposición de motivos.
Igualmente, destaca que el Convenio de Estambul establece la obligación de las administraciones públicas de actuar desde el enfoque de género frente a la violencia contra las mujeres, que define de manera amplia como «todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada».
En este sentido, recuerda que mecanismos de Naciones Unidas, como el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Grupo de trabajo sobre discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, han recomendado a España la ampliación del marco normativo para incluir un abordaje integral frente a la violencia de género.
Por otro lado, en el plano administrativo, explica que es «urgente» consolidar una estructura organizativa con personal especializado, en los tres niveles de la Administración del Estado, así como «reforzar» los cauces permanentes de cogobernanza y coordinación de las administraciones central, autonómica y local, «consolidando el espíritu del Pacto de Estado de situar a los municipios en el primer plano de la respuesta».
Por último, indica que es «necesario» garantizar la «efectiva» puesta en práctica de dotar de una financiación «estable y adecuada» a las políticas públicas frente a la violencia machista y la consolidación de un compromiso de evaluación y rendición de cuentas, a través de un «riguroso y fiable» sistema de monitoreo.
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