MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez-Pintado, señaló este jueves que ha sido «conveniente” la retirada en el Congreso de la tramitación de la reforma de la Ley del Suelo “ante la posibilidad manifiesta de que fuese rechazada”.
Es la reacción de la patronal de los promotores ante la retirada del Congreso de los Diputados de la norma ante el riesgo de que el PP se uniese a los socios del Gobierno y dejase solo al PSOE. El representante de los promotores aseguró que “seguiremos insistiendo desde la asociación en que necesitamos un pacto para que esta ley se apruebe”.
Gómez-Pintado eñaló además que “el sector lleva muchos años reclamando, con una necesidad imperiosa, una ley de suelo que dé seguridad jurídica al urbanismo español, y que, además, atañe a uno de los principales problemas que tenemos como sociedad: la falta de acceso a la vivienda”.
Asimismo, desde APCEspaña, y según las palabras de su presidente, una vez analizada la ley por los profesionales que componen las comisiones de vivienda y urbanismo “entendemos que la ley cumple los requisitos para dar esa seguridad jurídica que se necesita”.
Este jueves estaba previsto el debate de totalidad en el pleno de la Cámara Baja de este proyecto de ley, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que, según el Ejecutivo, «se tramitó con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad de la promoción y ampliación del parque público de vivienda en España». ERC, Junts y Podemos habían presentado sendas enmiendas a la totalidad y Sumar anunció esta semana que las apoyaría.
A primera hora de esta mañana, el Gobierno solicitó la retirada del orden del día de este jueves del Pleno del Congreso del proyecto de Ley de modificación de la Ley del Suelo, «para garantizar que esta norma no se vea afectada por la situación electoral», por el riesgo de que no prosperase su tramitación por la amenaza del PP de no apoyarla, según informaron fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Para el departamento dirigido por Isabel Rodríguez, es un proyecto de ley encaminado a garantizar la seguridad jurídica de los desarrollos urbanísticos, que ofrece más garantías de protección medioambiental y que cumple con los objetivos de la Agenda 2030.
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