«No son casos aislados ni del pasado», advierte una responsable de la organización
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Las detenciones arbitrarias, lejos de desaparecer en Venezuela, siguen siendo «una herramienta de represión y control social» en manos del Gobierno de Nicolás Maduro, según la ONG Amnistía Internacional, que ha exigido la liberación inmediata e incondicional de todas las personas que permanezcan bajo custodia por razones políticas.
La escalada represiva empezó con las protestas de 2014. Según la ONG Foro Penal, desde entonces se han producido más de 15.700 detenciones arbitrarias, mientras que unas 300 personas permanecen a día de hoy entre rejas por razones de índole política, sin cargos que lo justifiquen.
Para la directora de Amnistía para las Américas, Erika Guevara Rosas, «la evidencia demuestra que la política de represión del Gobierno de Nicolás Maduro y la crisis de Derechos Humanos siguen poniendo en riesgo los derechos a la vida, libertad e integridad en Venezuela».
La ONG documenta en su último informe los casos de nueve personas víctimas de detenciones arbitrarias entre 2018 y 2022, entre ellos el del periodista y activista Roland Carreño. En otros casos, como el de Emirlendris Benítez, bastó con compartir un trayecto en coche con terceras personas supuestamente involucradas en actos de violencia para ser detenida y torturada –perdió el hijo que esperaba y necesita silla de ruedas para moverse–, reza el informe.
La investigación de Amnistía ve por tanto un «patrón generalizado y sistemático» de actuación por parte de las fuerzas de seguridad, involucradas además en otros tipo de violaciones de los Derechos Humanos como las desapariciones forzosas. En el ámbito judicial, el control político y la ambigüedad de ciertos tipos penales alimentan la discrecionalidad.
«Nuestro informe no sólo documenta las injustas detenciones de personas maestras, sindicalistas y defensoras de Derechos Humanos en el país, sino también la arbitrariedad en el sistema de justicia, condiciones de reclusión inhumanas y afectaciones a proyectos de vida que quedan impunes», ha advertido Guevara Rosas en un comunicado. «No son casos aislados ni casos del pasado», ha remachado.
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