La ministra denuncia la trata con fines de explotación sexual como violencia contra las mujeres que ataca sus derechos humanos
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este jueves el enfoque de género en las políticas públicas. «Por mucho que incomode a ciertas formaciones políticas, es necesario», ha indicado, para señalar que sin este enfoque no se sabrían «los rasgos», «características» y «origen» a la hora de «combatir una determinada forma de violencia contra la mujer».
Llop ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de las jornadas ‘Hacia una protección integral de las víctimas de trata’, organizadas por la Fundación de la Abogacía Española y la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE) con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.
En su intervención, la ministra ha destacado la importancia de la formación en perspectiva de género para todas las personas en sus respectivos ámbitos, pero especialmente en el de la Justicia. Así, ha explicado como en su etapa en este sector no contaba con la misma información que ahora y, por ello, no pudo ayudar a alguna de estas mujeres que acabó «saliendo del procedimiento». «En aquel momento fallé porque no tenia perspectiva de genero», ha indicado.
Ahora, como parte del Gobierno, ha destacado el compromiso de este para «erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, incluyendo la trata», así como con la «igualdad efectiva», aunque ha reconocido que en la lucha contra la explotación sexual «queda mucho que hacer» como «sociedad democrática».
UNA VIOLENCIA ESTRUCTURAL
A su juicio, es importante tener en cuenta el «componente de género» que existe en la trata con fines de explotación sexual y como ejemplo ha señalado que el 92% de las víctimas de este delito son mujeres y niñas. A su juicio, la trata con fines de explotación sexial «no puede entenderse sin comprender el papel de las mujeres en las sociedades patriarcales» en las que se «domina a las mujeres a través de su libertad sexual».
«Es una forma de violencia estructural que llega a su límite cuando hablamos de prostitución forzada y trata con fines de explotación sexual», ha declarado Llop, antes de insistir en que el Gobierno está comprometido con «erradicar esta situación».
Para ello, ha recordado, se han puesto en marcha medidas como la Ley para declarar esenciales las medidas de atención y protección a las mujeres víctimas de violencia machista, la Ley de protección a la infancia contra la violencia o la ley de garantías de la libertad sexual. Además, ha señalado, el Ejecutivo ya está trabajando en una ley integral contra la trata.
2,5 MILLONES DE VÍCTIMAS DE TRATA
«Una iniciativa muy necesaria dada la dimensión que está alcanzando esta forma de delincuencia», ha declarado. En este sentido, ha denunciado que, según los datos de la ONU, 2,5 millones de personas son objeto de trata en todo el mundo, el 50% de ellas con fines de explotación sexual. Además, ha destacado estudios de la ONU en los que España figura como el primer país europeo y de los primeros del mundo en mayor demanda de prostitución.
A su juicio, debe quedar claro que la trata con fines de explotación sexual es un delito contra las mujeres que las trata de «mera mercancía», las «cosifica» y «constituye un grave atentado contra todos los derechos humanos» de la víctima.
Del mismo modo, ha señalado que suele recaer sobre «las personas más vulnerables y más pobres», como por ejemplo, mujeres y menores en situación de desesperación o en lugares en conflicto. Llop ha recordado, aquí, a las mujeres de Afganistán, por las que ha mostrado su preocupación.
UN MARCO NACIONAL «INSUFICIENTE»
También la delegada del Gobierno de Violencia de Género, Victoria Rosell, ha mostrado preocupación por la situación de la trata con fines de explotación sexual. A pesar de que, ha destacado, el marco internacional de derechos humanos es «bastante completo», el marco nacional «es insuficiente», de ahí la necesidad de poner en marcha la norma específica contra la trata.
Rosell ha lamentado, además, que tras la pandemia la situación de estas víctimas es «aún peor» porque el Covid-19 ha «ocultado» más su situación. Frente a esto, ha explicado, el Gobierno está realizando el primer estudio sobre la situación de esta trata en el país. Una iniciativa que, ha explicado, ha sido difícil de llevar a cabo.
Del mismo modo, ha señalado como uno de los retos pendientes la «acreditación formal» para la identificación de víctimas de esta violencia. A su juicio, como ocurre con las víctimas de violencia de género, «no deben estar condicionadas a la persecución del delito», sino que las administraciones deben poner las herramientas y servicios necesarios a estas mujeres para que la denuncia sea posible y no al revés.
LA LABOR DE LOS ABOGADOS
La encargada de presentar a las dos representantes del Gobierno ha sido la presidenta del Consejo de la Abogacía Española, Victoria Ortega, que en su intervención ha insistido en la «razón de género» de la trata con fines de explotación sexual y ha abogado por «alcanzar sociedades más equitativas».
Además, ha puesto el foco en las consecuencias del Covid-19 en este tema, ya que la pandemia ha traído «mayores desigualdades» y, por tanto, un mayor riesgo para cierta parte de la población a la hora de caer víctimas de estas mafias.
Ortega ha reivindicado la labor de abogadas expertas en temas de cibercriminalidad que vienen trabajando contra la violencia de género, así como las profesionales expertas en extranjería y que han ayudado a una mejor detección de situaciones de violencia contra la mujer.
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