MADRID/ALMERÍA, 15 (EUROPA PRESS)
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pondrá este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona a Óscar Liria, el cesado vicepresidente tercero de la Diputación de Almería que figura entre los investigados en una operación con once detenidos por una compra presuntamente irregular de mascarillas para la Covid-19.
Según informan fuentes de la investigación a Europa Press, Liria pasará a disposición judicial tras finalizar diferentes pesquisas policiales, con registros en Valencia en los que ha estado presente este cargo público.
Tras conocerse la operación de la UCO que salpicaba a Óscar Liria, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, comunicó que lo cesaba de sus funciones de vicepresidente tercero y diputado delegado de Fomento, Medio Ambiente y Agua.
En la ‘Operación Lúa’ de la Guardia Civil han sido detenidos once personas por su relación con presuntas irregularidades en adjudicaciones en la compra de material sanitario para la Covid-19. Las actuaciones afectan a las provincias de Almería, Barcelona, Gerona, Murcia y Palma de Mallorca.
COMISIONES EN UNA INVESTIGACIÓN INICIADA EN 2020
Según un comunicado de la Guardia Civil, la investigación se inició a principios del año 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización criminal afincada en Cataluña y dedicada al tráfico de drogas, «a la cual está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas».
«Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación, en plena crisis el Covid-19, de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las empresas del citado empresario, adjudicación a cambio de la que se habrían pagado comisiones a un cargo público», añadió el Instituto Armado.
La Guardia Civil subrayó que se trata de la «primera vez que se detecta un caso de adjudicaciones irregulares para la adquisición de material sanitario con motivo del Covid-19». Fuentes de la investigación apuntan que el contrato tiene un valor aproximado de dos millones de euros.
La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, junto con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Cuenta también con el apoyo de EUROPOL para llevar a cabo una veintena de registros domiciliarios y de sedes sociales, así como diferentes requerimientos de información a sociedades relacionadas con la investigación.
Los agentes tenían el mandato de bloquear e intervenir diferentes productos bancarios y bienes muebles e inmuebles dentro de un amplio despliegue requerido para la operación policial, bautizada como ‘operación Lúa’.
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