Un comité de la ONU sitúa en unos 280 los combatientes pero advierte de que están más curtidos
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La presencia de tropas ruandesas y de la Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADC, por sus siglas en inglés) en el norte de Mozambique ha contribuido a reducir el número de milicianos que engrosan las filas de la filial de Estado Islámico, pero aún no ha conseguido acabar con la presencia de este grupo, que amenaza a los intereses económicos en la provincia de Cabo Delgado.
Así se desprende del último informe publicado por el comité de la ONU encargado de hacer seguimiento a las sanciones impuestas a Estado Islámico y Al Qaeda y que abarca la segunda mitad de 2022. A raíz del despliegue de los efectivos regionales en Cabo Delgado a partir del verano de 2021 «la trayectoria del conflicto ha cambiado significativamente», destaca el informe, elaborado en base a la información que aportan los estados miembro, subrayando que su presencia ha afectado «a su liderazgo, estructura de mando y bases».
En este sentido, indica que la filial de Estado Islámico –a la que popularmente se conoce en la zona como Al Shabaab y que no tiene ninguna relación con el grupo del mismo nombre que opera en Somalia y está ligado a Al Qaeda– cuenta actualmente con unos 280 combatientes, frente a los 2.500 iniciales, y resalta que en los últimos seis meses entre 70 y 120 combatientes y comandantes han muerto en operaciones militares.
No obstante, los milicianos que aún engrosan Estado Islámico Mozambique –inicialmente el grupo operaba bajo las siglas de Estado Islámico en África Central– son ahora «combatientes curtidos, capaces de desplazarse y golpear estratégicamente, que se apoyan en redes locales independientes y bien establecidas para obtener ayuda, conocimientos y un flujo de combatientes extranjeros».
PRESENCIA DE YIHADISTAS EXTRANJEROS
Respecto a esta última cuestión, el informe señala que en las filas del grupo hay combatientes llegados principalmente de Kenia y Tanzania, y en menor medida de República Democrática del Congo, Somalia y Uganda y resalta que en los últimos tiempos han mostrado «una mayor coordinación estratégica y táctica» que les ha permitido desbordar a las fuerzas regionales y llevar a cabo ataques tanto contra la población civil y otros objetivos como contra empresas mineras estratégicas.
En general, los milicianos atacan aldeas para abastecerse, aunque en muchos casos dejan tras de sí muertos y decapitados, y arsenales policiales para dotarse de armas. Pese a que las víctimas mortales están disminuyendo, resalta el informe, los ataques «tienen graves consecuencias económicas y causan desplazamientos masivos» de población.
En este sentido, entre junio y julio pasado hubo más de 161.000 desplazados solo en los distritos de Ancuabe y Chiure, a donde se está trasladando ahora la violencia, a raíz de una ola de atentados. Aunque Estado Islámico inició sus operaciones principalmente en el norte de Cabo Delgado, ahora está extendiendo su área de actuación hacia el sur y también han llevado a cabo ataques en la vecina provincia de Nampula.
El comité de la ONU pone de relieve la toma en julio pasado de una importante base de Estado Islámico en el distrito de Macomia, operación durante la que se eliminó a su líder, un tanzano conocido como Jeque Assane, si bien el jefe de operaciones, Bonomade Machude Omar, consiguió escapar.
Según la información recabada de los estados miembro, el grupo tiene a Abu Yasir Hasán, tanzano, como su líder espiritual, al tiempo que no se tiene constancia de que el núcleo central de Estado Islámico, situado en Siria e Irak, «tenga el mando y el control» sobre esta filial. No obstante, sí se han constatado «relaciones de larga data de los dirigentes con combatientes extranjeros experimentados» vinculados a otros grupos en el continente.
El hecho de que el grupo esté compuesto por «células semiautónomas que no se adhieren a una estructura de mando jerárquica estricta», hace que sean «ágiles y expertas en cambios». Asimismo, se cree que hasta el norte de Mozambique habría llegado recientemente un instructor para adiestrar a los milicianos «en la construcción de artefactos explosivos improvisados», al tiempo que también hay constancia de la entrega de armas por mar «utilizando bolsas de plástico con marcadores» así como de drones de vigilancia.
TOTAL SOPESA SU VUELTA
En este contexto de una relativa mejora de la situación en el terreno se produjo la visita a Cabo Delgado hace dos semanas del presidente de Total, Patrick Pouyanné, quien se reunió con el presidente del país, Filipe Nyusi, y tuvo ocasión de visitar la zona en la península de Afungi en la que energética francesa tiene previsto llevar a cabo un importante proyecto de explotación de gas natural licuado (GNL).
La empresa francesa paralizó el proyecto y retiró a todo su personal en abril de 2021 a raíz de un ataque de los yihadistas. Ahora, Pouyanné ha encargado a un experto independiente la elaboración de un informe sobre «la situación humanitaria» en la provincia que deberá presentar antes de final de febrero y en base al cual se decidirá «si se dan las condiciones para reanudar las actividades del proyecto».
Pouyanné reconoció que «desde 2021 la situación en Cabo Delgado ha mejorado significativamente gracias en particular al apoyo prestado por los países africanos que se han comprometido a restaurar la paz y la seguridad», al tiempo que incidió en que para que Total pudiera reanudar su proyecto hace falta «restaurar la seguridad en la región, la reanudación de los servicios públicos y el retorno a la vida normal de la población».
La reanudación de este proyecto sería una buena noticia para Mozambique, dada la envergadura del mismo, pero también para Europa en un momento en que sigue buscando diversificar sus fuentes de suministro energético a raíz de la invasión rusa de Ucrania.
Pero los yihadistas no solo son una amenaza para la explotación gasística en Cabo Delgado, sino también para otra de las principales fuentes de riqueza de la región, el de las piedras preciosas. El domingo pasado, los insurgentes atacaron la localidad de Nairoto, en el distrito de Montepuez, dejando cinco miembros de las fuerzas de seguridad muertos y provocando la evacuación de un proyecto de minería de oro de la empresa británica Gemfields.
Esta empresa es precisamente la propietaria de una importante mina de rubíes situada también en Montepuez, que no ha visto afectadas sus operaciones por este último ataque. En los últimos meses se han producido varios ataques en este distrito, lo que pone de manifiesto el interés de los yihadistas de afectar las operaciones mineras, una importante fuente de ingresos para el país.
Por su parte, en el último boletín de Cabo Ligado, elaborado por el proyecto ACLED, se alerta de que Estado Islámico está inmerso en una campaña para ganar el apoyo de la población, en especial en Mocimboa da Praia, donde comenzó su actividad en 2017. Según desvela, ha habido encuentro con residentes para garantizarles que les dejarán tranquilos siempre que no colaboren con las fuerzas de seguridad.
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