La Justicia de Nicaragua investiga a dos de los trabajadores de la Fundación Violeta Barrios Chamorro por blanqueo de dinero
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La precandidata presidencial opositora del Gobierno de Nicaragua, Cristiana Chamorro, ha denunciado este lunes «los atropellos» a los Derechos Humanos de dos colaboradores detenidos desde este viernes que trabajaban en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCH).
«Hemos venido a denunciar el rosario de violaciones de Derechos Humanos y atropellos que están sufriendo Walter y Marcos (encargados de la administración y la contabilidad de la FVBCH)», ha dicho Chamorro en una convocatoria de prensa recogida por la ‘La Prensa’.
Según la opositora del Gobierno de Daniel Ortega, los colaboradores fueron detenidos el pasado viernes y «están acusados de lavado de dinero». De hecho, las autoridades de Nicaragua intervinieron la semana pasada en la sede de la FVBCH, dirigida hasta enero por Chamorro, y esta tiene congeladas sus cuentas bancarias acusada de blanqueo de dinero.
La Justicia de Nicaragua ha confirmado que estos dos trabajadores de la FVBCH están detenidos hasta el próximo mes de agosto de cara en el marco de la investigación de la Fiscalía contra la fundación.
La jueza de Managua, Gloria Saavedra, ha resuelto que durante 90 días se «investigue a los imputados Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco, dentro de la causa que la Fiscalía ha abierto en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro», indica un comunicado del Poder Judicial de Nicaragua.
Frente a estos hechos, Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha alertado de que se está produciendo una «restricción del espacio democrático» en Nicaragua de cara a las elecciones previstas para el 7 de noviembre en el país.
El pasado 4 de mayo, la Asamblea Nacional nicaragüense aprobó una reforma electoral que, según la ONU, «no incorpora garantías de imparcialidad por parte de las autoridades electorales». Además, contiene cuestiones que «no se adaptan a los estándares y normas de defensa de los Derechos Humanos, lo que incluye restricciones a la libertad de expresión, asamblea y participación política».
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