MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó este lunes de que, en la actualidad, el fondo de reserva de las pensiones está dotado con más de 6.000 millones de euros, lo que supone un aumento de cerca de 4.000 millones con respecto a diciembre de 2022.
Así lo puso de relieve la ministra durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde recordó las previsiones del Gobierno, que apuntan a que este año 2024 la conocida como ‘hucha’ de las pensiones finalizará con una cuantía aproximada de 9.100 millones y a final de legislatura, en 2027, está previsto que el fondo disponga de más de 25.000 millones de euros.
De este modo, alabó la reactivación de la mencionada ‘hucha’, gracias al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que “nos va a permitir dotar de recursos al fondo de reserva para hacer frente al desequilibrio coyuntural que va a suponer la jubilación de los baby boomers, sin representar un cambio estructural en nuestro sistema”.
Las aportaciones de este mecanismo suponen 0,7 puntos porcentuales de la cotización por contingencias comunes en 2024, y crecerán una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029, en la misma proporción empresa-trabajador que la cotización correspondiente.
En esta línea, celebró que el MEI esté funcionando sin “impacto negativo en el empleo”, pese a lo que “muchos vaticinaron antes de su entrada en vigor”. “De hecho”, prosiguió Saiz, “es la conjunción de los efectos de esta medida y de la buena marcha del empleo lo que está disparando los ingresos por cotizaciones sociales, y lo que nos está permitiendo devolver progresivamente el equilibrio al sistema y estar bien pertrechados para las tensiones que se avecinan”.
GASTOS IMPROPIOS
En su intervención, la ministra repasó las medidas adoptadas en los últimos años en materia de pensiones y Seguridad Social, comenzando por el progresivo aumento de la asunción de los “gastos impropios del sistema” por parte del Estado, al tener una naturaleza no contributiva. En 2021 el importe fue de 13.929 millones de euros y en 2023 alcanzó los 19.888.
“Esta separación de fuentes supone una importante contribución para robustecer la capacidad financiera de nuestro sistema de pensiones y seguir la dirección adoptada por otros países de referencia con una fuerte implicación del Estado en la financiación del sistema de Seguridad Social y, en particular, de las pensiones”, valoró Saiz.
Asimismo, remarcó la importancia de la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y detalló que hoy día, un pensionista cobra de media 321 euros más que en 2018. No obstante, recordó que el próximo año se llevará a cabo la primera evaluación del sistema de revalorización, tal y como exige la reforma de pensiones aprobada en la pasada legislatura en varias fases.
EDAD DE JUBILACIÓN
Además, destacó que la “intención” del Gobierno es que la edad de salida efectiva del mercado de trabajo “se aproxime tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida”. A su juicio, las decisiones adoptadas “van dando sus frutos, amparados en un mercado laboral robusto y saneado, que está dando excelentes resultados”.
De esta forma, afirmó que la brecha entre la edad efectiva y la edad legal de jubilación sigue cerrándose, habiéndose alcanzado en 2023, por primera vez, los 65 años como edad efectiva de jubilación.
En cuanto a la jubilación demorada, Saiz subrayó que los nuevos incentivos están aumentando “significativamente” la proporción de pensionistas que retrasan la edad de jubilación, que es ahora casi el doble de lo que era antes de la reforma (un 10,5% en febrero de este año frente a un 4,8% en el mismo periodo de 2021).
“Todo ello, y esto es una excelente noticia, con un creciente protagonismo de los trabajadores mayores de 55 años, especialmente entre las mujeres, cuya tasa de empleo de 55 a 64 años ha aumentado más de 22 puntos en los últimos 16 años”, apuntaló.
En este aspecto, incidió en que en la actualidad se está negociando con sindicatos y patronal una ampliación de la compatibilidad entre pensión y trabajo para favorecer que quien desee pueda alargar su vida laboral, así como la determinación de un nuevo procedimiento para los coeficientes reductores de edad de jubilación en actividades penosas y peligrosas.
Por otro lado, puso el foco en que el próximo año comenzará a funcionar la cuota de solidaridad de los salarios más elevados para contribuir al sostenimiento del sistema de pensiones. En paralelo, citó la reforma aprobada con el ministro José Luis Escrivá de reformar el período de cálculo de la pensión, pasando de los 25 años a los 29, eliminando los dos peores.
AUTÓNOMOS
Por otra parte, hizo mención a la modificación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para que las cotizaciones de este colectivo se adecuen a sus rendimientos netos. “El nuevo marco entró en vigor en 2023, y podemos decir que su implantación se está desarrollando con éxito y sin incidencias destacables, teniendo en cuenta la magnitud estructural del cambio”, aseveró Saiz.
Igualmente, apuntó que se ha aprobado una reforma legal para impulsar los sistemas complementarios de dimensión colectiva (el llamado “segundo pilar” del sistema), a través de los planes de pensiones de empleo “simplificados“, reforzando el papel de la negociación colectiva sectorial, y extendiendo esta posibilidad también al sector público y a los autónomos.
ASIGNATURA PENDIENTE
En otro orden de cosas, la ministra también se refirió a la situación de la Seguridad Social, reconociendo que este punto era una de “nuestras asignaturas pendientes, y que partíamos de una situación francamente mejorable”.
“La administración de la Seguridad Social contaba con una plantilla manifiestamente insuficiente, reducida como consecuencia de más de una década con tasas de reposición exiguas o inexistentes, en un contexto de preocupante envejecimiento de la plantilla. Todo ello, además, acompañado de un notable incremento de la carga de trabajo para el sistema, como consecuencia, entre otras cosas, del envejecimiento de la sociedad, de las prestaciones derivadas de la pandemia, de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital y de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos y, en consecuencia, cada vez más exigente”, criticó Saiz, aludiendo así implícitamente al grueso del período de mandato del PP.
En contraposición, proclamó que desde 2020 “venimos trabajando en la recuperación de esas plantillas, en mejorar la dotación de personal, y hoy podemos decir que nos encontramos en la mejor situación de los últimos 10 años”.
En este punto, presumió de que durante los últimos cuatro años, pese a que se han producido 5.183 bajas por jubilación, el crecimiento neto de empleados públicos de la Seguridad Social asciende a un total de 3.363 efectivos, habiéndose incorporado un total de 2.611 funcionarios de carrera por oposición y de 5.965 funcionarios interinos.
Además, destacó el compromiso de crear la Agencia Española de la Seguridad Social, con la que “se conseguirán determinados objetivos de enorme calado”, como “reducir costes y racionalizar estructuras”; mejorar la capacidad organizativa del personal, dando respuestas inmediatas a situaciones inminentes, con un mejor provecho del personal cualificado; reforzar la apuesta por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA), y mantener la presencia de la Seguridad Social en todo el territorio. Eso sí, precisó que en materia de nuevas tecnologías ya se ha avanzado, teniendo en cuenta siempre el derecho a la atención presencial.
Pero la ministra ahondó en este apartado indicando que “queremos ir más allá y acometer una reforma integral del sector, desde su estructura, pasando por su régimen económico-financiero y de impulso a la colaboración con entidades públicas y privadas a partir de un informe de evaluación que desde el Ministerio queremos encomendar” a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
Por último, Saiz mencionó la importancia de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el mayor aumento de las pensiones mínimas y no contributivas para lograr que no estén por debajo de umbrales de pobreza, y la reforma de los incentivos al empleo para colectivos con mayor dificultad de inserción laboral.
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