Hobbs se niega a «permitir que extremistas radicales tomen el control sobre los cuerpos de las mujeres»
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, ha pedido este martes derogar la ley de 1864 que prohíbe y castiga con hasta cinco años de prisión el aborto en todos los supuestos salvo cuando la vida de la madre corra peligro, después de que El Tribunal Supremo del estado diera validez a dicha norma.
«Estoy conmocionada por la cruel decisión del Tribunal Supremo de mantener la prohibición total del aborto de 1864. Esta ley arcaica, que fue escrita por hombres 48 años antes de que Arizona se convirtiera en estado, amenaza la vida de innumerables mujeres y nos priva del control sobre nuestros cuerpos», ha declarado en un vídeo compartido a través de sus redes sociales.
Hobbs ha señalado que «parece un día oscuro», pero ha asegurado a las mujeres de Arizona que la lucha por sus libertades reproductivas «está lejos de haber terminado». Así, ha aclarado que la orden ejecutiva que «protege a las mujeres y médicos de la persecución por los fiscales extremistas sigue en pie».
«Estamos tomando medidas inmediatas para defender sus libertades reproductivas. Me he unido a defensores legislativos y del derecho al aborto para pedir la derogación de esta prohibición y garantizar el acceso a los anticonceptivos», ha anunciado.
Además, ha indicado que en los próximos meses «seguirá trabajando» para aprobar una legislación «de sentido común» para asegurar que las mujeres del estado mantengan sus derechos reproductivos. «He experimentado personalmente la angustia de perder un embarazo, y sé que es indignante que el Gobierno diga que la mejor decisión para su salud o su futuro ahora podría ser considerado un crimen», ha lamentado.
Así, ha subrayado que no dejará «de luchar» hasta «garantizar plenamente el derecho a la atención sanitaria reproductiva» en Arizona, mientras que ha remarcado que se niega a «permitir que extremistas radicales tomen el control sobre los cuerpos de las mujeres».
El fallo revierte una decisión de un tribunal inferior que ya prohibía el aborto a partir de las 15 semanas –solo permitía realizar la operación por emergencias médicas, pero no por violación o incesto– y coloca a Arizona junto a Texas, Alabama y Misisipi, donde no existen casi excepciones.
El escrito argumenta que no existe ninguna disposición en la ley federal o estatal que vete la aplicación de la ley de 1864 y que esta decisión se sostiene también en la inexistencia de un precedente legal del aborto debido a la derogación del fallo Roe contra Wade.
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