ESTRASBURGO (FRANCIA), 12 (EUROPA PRESS)
La comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo (JURI) ha acordado pedir denunciar a la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por desbloquear 10.200 millones de euros en fondos de cohesión, una decisión que Bruselas defiende por considerar que Budapest ha avanzado suficientemente en las reformas para reforzar la independencia judicial pero que los eurodiputados rechazan por la deriva antidemocrática del Gobierno de Orbán.
Formalmente, la posición de la comisión europarlamentaria no es definitiva ya que acudir al TJUE es una prerrogativa que corresponde a la presidenta de la Eurocámara, la conservadora Roberta Metsola, a quién va dirigida la recomendación, si bien fuentes parlamentarias recuerdan a Europa Press que, de manera general, la presidenta siempre sigue las recomendaciones de las comisiones.
El Ejecutivo comunitario anunció el pasado diciembre que consideraba que el Gobierno húngaro había cumplido con la reforma judicial necesaria corregir los problemas de Estado de derecho que le llevaron a congelar esos fondos; un gesto que lo más críticos interpretaron como un acercamiento de Bruselas para que Orbán levantara su veto a la ayuda a Ucrania.
En su sesión plenaria de enero, la Eurocámara, sin embargo, denunció de nuevo la amenaza sistémica que a su juicio representa el Gobierno húngaro para los derechos fundamentales en la Unión Europea y en una resolución llamó a «no ceder al chantaje» y elevar presión, así como estudiar posibles acciones legales contra Bruselas por liberar esos fondos.
La decisión de la Comisión Europea permite a Hungría empezar a reclamar reembolsos por valor de hasta unos 10.200 millones de fondos de cohesión, pero mantiene congelados otros 21.000 millones.
Según han informado Los Verdes europeos en un comunicado, la denuncia contra la Comisión Europea se preparará «en los próximos días». «Es un paso extremo pero necesario», ha defendido en el comunicado el ponente en la sombra de los Verdes, Sergey Lagodinsky, para quien «las decisiones de la UE no se pueden comprar ni vender con efectivo».
«La decisión de la Comisión de diciembre de 2023 que permitió pagos de más de 10.000 millones de euros a Hungría fue un acto de extorsión por parte de Orbán, no una evaluación precisa de las reformas en Hungría», ha remachado.
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