Fiscalía pide penas que van desde los 22 hasta los 3 años de cárcel
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este lunes a siete presuntos integrantes de una trama supuestamente dedicada a la compraventa de oro con la finalidad de eludir el pago de las obligaciones fiscales derivadas de las ganancias obtenidas de sus actividades de comercio mayor de metales preciosos.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía solicita penas de cárcel que van desde los 22 años de prisión hasta los 3 años de cárcel. En concreto, la petición más alta recae en Luis Ordoño, presunto líder de la trama, a quien el Ministerio Público imputa cuatro delitos contra la Hacienda Pública en relación al impuesto de sociedades.
Además, el Ministerio Público pide imponer 14 años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública a Lorenzo Ribes Sintes, Francisco Javier Rodríguez Marco, Francisco Bernal Requena y Vicente Ortíz Almonacid. Por otro lado, solicita 3 años de cárcel para José Guerrero y 4 años de prisión para Juan Amorós, así como multas a las mercantiles MDOR Valencia 2009 y Orseval S.L.
La Fiscalía relata que, «merced a la presente causa», se pudo «descubrir una trama en virtud de la cual personas dedicadas a la compraventa de oro (mayoristas), entre los ejercicios 2010 a 2013, con la finalidad de eludir el pago de las obligaciones fiscales derivadas de las ganancias obtenidas de sus actividades de comercio mayor de metales preciosos, se concertaron con otros individuos (factureros) para que éstos simularan facturas de venta de género con las que justificar tanto su adquisición como un importe superior al real y de esta manera ocultar su verdadero margen de beneficio».
«Efectivamente, el beneficio obtenido de la adquisición del oro a minoristas (cuya media ponderada era del 18,90% en 2011 y del 16,10% en 2012) se reducía por los acusados en sus declaraciones tributarias aparentando por medio de tales facturas su adquisición al por mayor. Las actividades mercantiles eran desarrolladas por los acusados por medio de las entidades MDOR Valencia 2009, S.L. y Orseval, S.L.», apunta el escrito.
ELABORACIÓN DE FACTURAS
El Ministerio Fiscal señala que MDOR Valencia 2009 fue constituida por Ordoño, utilizando la misma «casi exclusivamente a la compra y venta de oro». «Parte significativa de dicho metal era adquirido por cauces irregulares y de personas desconocidas, por lo que, con la finalidad de justificar su origen, Ordoño se concertó con los factureros para que le proporcionaran facturas mendaces con las que simular tales adquisiciones como si fueran al por mayor», añade.
La Fiscalía asegura que, «del mismo modo, les indicaba a tales factureros cantidades más elevadas en los importes de tales facturas con objeto de simular un mayor gasto que minorara sus beneficios y así eludir el pago del correspondiente impuesto de sociedades».
El escrito detalla que, por su parte, Lorenzo Ribes convino con Ordoño «la elaboración de facturas a sabiendas de que con ello se facilitaba el medio indispensable para la justificación del origen del metal, aparentando que era al por mayor, que éste adquiría de manera irregular al por menor, para incrementar los gastos a deducir y de que con ello permitía la obtención indebida de devoluciones fiscales con el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública».
Para la ejecución de tales fines, continúa la Fiscalía, empleó una serie de mercantiles «a cuyo nombre libró facturas mendaces». «Alguna de estas mercantiles fueron adquiridas o constituidas a nombre de terceras personas para lo cual Ribes Sintes se valió de las gestorías-asesorías de los acusados Francisco Javier Rodríguez Marco, Francisco Bernal Requena y Vicente Ortíz Almonacid», apunta.
Estos últimos, incide el Ministerio Fiscal, «plenamente conscientes de la finalidad para la que se les contrataba, aceptaron efectuar tanto dichas gestiones como las de las elaboraciones y presentaciones ante los organismos correspondientes de las facturaciones y liquidaciones tributarias correspondientes, a sabiendas de su mendacidad y amparándose en el ejercicio de su profesión».
A su vez, el acusado José Guerrero, «en confabulación con Ordoño», también convino el mismo mecanismo que el presunto líder había acordado con Ribes. Lo mismo ocurrió con Juan Amorós, que también habría participado de la elaboración de facturas.
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