MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
La nueva secretaria general del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Isabelle Le Galo, señaló que, de cara a las elecciones europeas, “es interesante reflexionar» sobre el derecho de voto de las personas con discapacidad, pues en las de 2019 más de 800.000 ciudadanos de la Unión en 16 países “se vieron legalmente privados por las normativas nacionales de su derecho a votar debido a su discapacidad o a problemas de salud mental”.
Según apuntó Le Galo en una entrevista a Servimedia, “es imprescindible que lo hagamos mejor en las elecciones de 2024”, ya que “la mayoría” de los Estados miembros de la UE “ya han adoptado medidas consecuentemente, pero es necesario compartir las mejores prácticas”.
“En España, por ejemplo, una persona con discapacidad que no pueda desplazarse a la oficina de Correos para solicitar el voto por correo puede ponerse en contacto con un notario, que facilitará, de manera gratuita, el escrito notarial para que la persona con discapacidad pueda votar”, afirmó Le Galo.
Asimismo, la secretaria general de la institución resaltó que el CESE emitió una recomendación para que se usara un código QR que “facilitara” el voto de personas con discapacidad visual. Se trata de una propuesta “muy concreta que ha sido compartida con los Estados miembros” y que sería “fácil implementar para las elecciones europeas». «Sería maravilloso que España, mi país y casa de una Fundación tan renombrada e innovadora como la Fundación ONCE, fuese el primero en hacerlo”, confesó.
En cuanto a iniciativas impulsadas por la Unión para mejorar la vida de los europeos con discapacidad, la secretaria general del CESE resaltó que la Tarjeta Europea de Discapacidad es “un paso muy importante para eliminar obstáculos y garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar uno de los principios fundamentales en los que se basa la Unión Europea”, como la libertad de circulación.
Sin embargo, Le Galo matizó que “el CESE ha advertido de que la propuesta se queda corta a la hora de eliminar algunos de los obstáculos más significativos a la libre circulación de los ciudadanos europeos con discapacidad”, como la falta de transferibilidad de las prestaciones relacionadas con la discapacidad cuando se trasladan a otro Estado miembro para trabajar o estudiar. «Seguiremos impulsando las condiciones para una igualdad y una diversidad cada vez mayores», subrayó.
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