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El PP llevará la próxima semana al Pleno del Congreso su reforma legal para prohibir indultos a condenados por sedición

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MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha decidido llevar al Pleno del Congreso del próximo martes su proposición de ley de reforma de la ley de indultos para que no se pueda conceder esta medida de gracia a personas condenadas por delitos como los de sedición y rebelión, como los dirigentes independentistas del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Se trata de una reforma registrada en septiembre del pasado año, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que iba a comenzar la tramitación de las solicitudes de indulto de los presos del ‘procés’, y que ahora el PP ha decidido llevar al Pleno del Congreso, justo cuando el Gobierno ya se prepara para resolver esos expedientes.

Este miércoles ya hubo una primera votación en el Pleno del Congreso sobre los indultos a los presos del procés, en la que 190 diputados de PSOE, Unidas Podemos y los socios del Gobierno tumbaron la pretensión del PP, Vox y Ciudadanos de rechazar la medida de gracia.

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Según el orden del día del próximo Pleno del Congreso, al que ha tenido acceso Euopa Press, el PP defenderá ahora esta reforma puntual de la Ley de Indultos para que la medida de gracia no pueda aplicarse en los delitos de sedición y rebelión.

LOS EXPERTOS LO DESACONSEJARON

En 2016, el PSOE propuso cambiar la Ley de Indultos, que data de 1870, para prohibir que la medida de gracia se aplique a condenados por corrupción y violencia machista, pero cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno con la moción de censura en 2018, esa iniciativa se congeló. Y es que el PP, que entonces era el primer partido de la Cámara, quería aprovechar para añadir en esa reforma que tampoco se pudiera indultar a los condenados por sedición.

Se llegó a organizar una ronda de experto en el Congreso y todos los consultados coincidieron en la inconveniencia de establecer una lista de delitos para los que se niegue el indulto, ya que eso restringiría la potestad constitucional del Gobierno para conceder la medida de gracia.

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