MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El juez federal canadiense Richard Mosley ha acusado este martes el Gobierno de Justin Trudeau de extralimitarse al decretar a principios de 2022 la Ley de Emergencias para tratar de ponerle fin a las protestas del llamado ‘Convoy de la libertad’, que salió a las calles para manifestarse contra las restricciones impuestas por la COVID-19.
«Concluyo que no había ninguna emergencia nacional que justificara la invocación de la Ley de Emergencias y que la decisión de hacerlo fue, por tanto, irrazonable y ‘ultra vires'», ha manifestado el juez Mosley en un escrito, donde acusa a Ottawa de actuar rebasando el límite de la ley y más allá de su competencia.
El juez federal ha recalcado que aquellas protestas no llegaron a generar una amenaza a la seguridad que superara los límites estipulados por el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá, por lo que el decreto de emergencia no tenía «justificación, transparencia ni inteligibilidad».
La vice primera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, ha reconocido a los medios de comunicación desde la ciudad de Montreal que el Ejecutivo de Trudeau planea apelar la decisión del juez Mosley, según informaciones recogidas por la radiotelevisión canadiense CBC.
El caso se remonta a comienzos de 2022, cuando el primer ministro Trudeau impuso la vacunación obligatoria a los camioneros canadienses que cruzaran la frontera con Estados Unidos, lo que provocó una oleada de protestas que obligó al Ejecutivo a decretar la mencionada Ley de Emergencias a mediados de febrero.
Meses después, en noviembre de aquel 2022, Trudeau aseguró que las amenazas a la seguridad nacional provocadas por los manifestantes eran tan apremiantes que no hubo alternativa viable a la declaración del estado de emergencia, ya que había graves preocupaciones sobre el uso de armas durante las protestas.
«Había una sensación de que se estaba extendiendo. Y el hecho de que no se hubiera observado ningún tipo de violencia grave fue algo bueno, pero no podíamos decir que no hubiera una potencial amenaza grave», explicó entonces Trudeau, que reconoció que los acontecimientos sorprendieron en origen a las fuerzas de seguridad.
Ahora, el juez Mosley reconoce que el «potencial de violencia grave» era «por supuesto, un motivo de preocupación», pero ha señalado que, en su opinión, la situación no llegaba al punto de requerir de la aplicación de la ley porque «no había evidencia» de grupos especialmente beligerantes.
El caso ante el Tribunal Federal de Canadá fue presentado por dos grupos nacionales, la Asociación Canadiense de Libertades Civiles y la Fundación Constitución Canadiense. Los denunciantes acusan al Gobierno de no respetar la legalidad cuando invocó la Ley de Emergencias, nunca antes aplicada.
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