MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha asegurado este miércoles que la activista venezolana de Derechos Humanos Rocío San Miguel, que también tiene nacionalidad española, no ha sufrido una «desaparición forzada» tras su detención el pasado viernes, tras la que fue acusada de presuntos delitos de traición, conspiración y terrorismo.
«Es imposible que digan que haya existido en este caso (…) una desaparición forzada. Esto consiste en el secuestro de una persona, que no aparece como detenida, que nadie comunica que está detenida y que no es presentada en un tribunal», ha declarado Saab durante una rueda de prensa, según recoge la cadena venezolana Globovisión.
Asimismo, ha explicado que San Miguel fue detenida junto a otras cinco personas, cuatro de ellos de su familia, por supuestamente estar involucrados en un supuesto plan, denominado ‘Brazalete Blanco’, para atentar contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
«La detención de Rocío San Miguel ocurre por aparecer ella mencionada, como parte de la conspiración, por uno de los militares detenidos. Ella tenía una misión como parte de esa trama ‘Brazalete blanco’ (…) era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando. Es en función de su implicación en este caso que ha sido detenida», ha añadido el fiscal.
Además, ha informado que en esta trama hay 19 personas involucradas y que 15 de ellas aún no han sido detenidas por que «están prófugas».
Respecto a la detención de sus familiares, que ya han sido puestos en libertad, ha destacado que actuaron «al margen de la ley al ocultar y encubrir medios probatorios pertenecientes» a San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y que se les presentaron medidas cautelares menos graves que a la activista.
«Yo quiero destacar esto, porque se ha engañado mencionando que estaban desaparecidas estas personas. No, fueron presentadas y se les otorgaron medidas cautelares», ha agregado.
Por último, ha aprovechado para culpar a Estados Unidos de «instrumentalizar» a las ONG contra los gobiernos contrarios a sus intereses.
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