Avisa de que analiza «distintas acciones judiciales» y reclama información interna a la Asociación de Fiscales
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El despacho de abogados del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, ha enviado un burofax a la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales (AF) en el que indica que no tiene legitimación ninguna para reclamar a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que informe sobre si este bufete representa a algunos investigados en el llamado ‘caso Villarejo’, apuntando además que ésta tampoco tiene competencias al respecto.
Ilocad ha reaccionado a un comunicado del pasado 24 de noviembre donde los vocales electivos del Consejo Fiscal a propuesta de la Asociación de Fiscales reprocharon a Delgado que se negara a proporcionar dicha información por ser «materia reservada», en el contexto de los movimientos para determinar en qué circunstancias el fiscal Ignacio Stampa salió de Anticorrupción y, por ende, del citado caso.
«La Asociación de Fiscales no tiene ningún tipo de legitimación para sustentar la petición de la información que interesa de la Excma. Sra. fiscal general del Estado puesto que no está personada en el procedimiento iniciado», ha señalado el despacho de Garzón en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, ha reiterado que «tampoco la Excma. Sra. fiscal general del Estado tiene ningún tipo de facultad competencial para acceder a la información reservada que se interesa por esta asociación, por su irrelevancia judicial en los términos previstos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y porque, en todo caso, tendría que haber tenido lugar la participación del fiscal afectado y del fiscal jefe respectivo».
Además, ha considerado «anecdótico» que «una persona jurídica privada, como es el caso de la Asociación de Fiscales, quiera, mediante una consulta evacuada al Pleno del Consejo Fiscal (a través de sus respectivos vocales) acceder a datos profesionales de abogados, vulnerando con ello el derecho al secreto profesional propio de la abogacía y, lo que es más grave aún, alterar el efectivo y normal desarrollo del derecho de defensa sin intromisión ilegítima de ningún tipo».
«Tampoco hay ningún tipo de razón», ha continuado, «para entender por qué desde la jefatura superior del Ministerio Fiscal se tienen que conocer los datos de los profesionales de la abogacía que actúan en cada una de las causas judiciales que se estén tramitado en España, y mucho menos cuál es la relación que vincula a dichos profesionales con una concreta sociedad mercantil», como Ilocad.
También ha querido poner de relieve que la AF parte de «una premisa errónea»: «que una persona jurídica pueda ejercer la defensa letrada de algún investigado», ya que para ello –ha explicado– «tan solo están habilitados los correspondientes profesionales colegiados y conforme a las normas de designación y responsabilidad propias de la profesión de abogado».
DAÑO REPUTACIONAL
Ilocad ha denunciado igualmente que las «referencias directas» de la AF al bufete están generando un «importante daño» en la reputación del mismo que «se traduce en un evidente perjuicio económico» y en una «injustificada presión» hacia sus clientes actuales y potenciales.
En la misma línea, ha alertado sobre «una lesión del legítimo ejercicio de la profesión y a no padecer ningún tipo de intromisión en el ejercicio de la misma por parte de los respectivos letrados en todos y cada uno de los casos que se están tramitando dentro y fuera de nuestro territorio nacional».
En este contexto, ha avanzado que «se están analizando las distintas acciones judiciales que se puedan emprender» en defensa de sus «intereses legítimos». Y, «a los efectos de consolidar las mismas y con la intención de conocer si esta asociación ha venido actuando de forma similar a como ahora está haciendo», ha reclamado una serie de información.
En concreto, ha pedido una copia certificada de las actas de votación, debate y propuestas sobre la decisión de pedir a Delgado esa información durante el Pleno del Consejo Fiscal y emitir otra copia certificada «sobre si en alguno de los congresos y reuniones previos de esta asociación se han debatido o sometido a votación cuestiones referidas al ejercicio profesional de abogados que tengan relación de amistad, familiaridad o cualquier otro tipo análogo de afinidad con fiscales».
LA ASOCIACIÓN DE FISCALES INSISTE
Este burofax, fechado el 1 de diciembre, se conoce el mismo día que los vocales electivos de la AF han insistido, esta vez por escrito, en su petición de poder tener acceso a la documentación relativa al fiscal Stampa, solicitando nuevamente a Delgado que las diligencias y los expedientes sobre el que fuera fiscal adscrito al ‘caso Villarejo’.
En una nota informativa, recogida por Europa Press, la asociación ha explicado que la solicitud se hace ante la inspección fiscal mediante un escrito en el que se requiere a la presidenta del Consejo Fiscal, la propia Delgado, la remisión de dicha documentación sobre lo que ya califican como ‘caso Stampa’.
En el breve comunicado, han apuntado que esta reclamación se produce tras la negativa de Delgado a entregar la documentación que ya demandaron los vocales electivos de la AF hace en el Consejo Fiscal celebrado el 24 de noviembre.
LO QUE PIDEN
La AF había requerido a la fiscal general, por un lado, que aclarara si Ilocad representaba a algún imputado en ‘Tándem’ y, por otro, el «expediente o expedientes disciplinarios incoados contra Stampa, en tramitación o ya archivados», así como el expediente de abstención de la propia Delgado –«de existir»– con relación a las diligencias abiertas al fiscal.
Stampa fue investigado a nivel interno por, supuestamente, haber filtrado información a Podemos sobre ‘Tándem’. Finalmente, las pesquisas fueron archivadas, pero en el ínterin el fiscal no logró una de las ocho plazas ofrecidas en la Fiscalía Anticorrupción, donde hasta ese momento estaba adscrito, por lo que tuvo que abandonar su trabajo allí. La AF considera que Delgado «debió abstenerse en las diligencias de investigación incoadas contra Stampa por ser parte afectada».
La jefa del Ministerio Público se negó responder a los requerimientos de la AF por ser «materia reservada», ante lo cual los vocales electivos propuestos por esta asociación fiscal respondieron que «la materia no se puede considerar reservada por ser necesario su conocimiento para el ejercicio de las funciones propias del Consejo Fiscal y porque el propio interesado ha solicitado su exhibición».
«Entendemos que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas», indicaron entonces en un comunicado.
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