MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
El Consejo Económico y Social (CES) hace una “valoración positiva” del proyecto de real decreto por el que se desarrolla la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de Creación y crecimiento de empresas, que desarrolla la factura electrónica, ya que considera que se trata de una norma “equilibrada, integradora y garante de la interoperabilidad de la facturación electrónica, siguiendo estándares comunitarios y españoles”.
Así lo indicó en un dictamen publicado este viernes, en el que aborda el real decreto que recoge los requisitos técnicos y de información del sistema español de factura electrónica obligatoria, los estados de la factura y los requisitos de interoperabilidad mínima entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas.
El CES indicó sobre las cargas empresariales que, “si bien a medio plazo la factura electrónica tendrá beneficios para las empresas, parece que la implantación de la facturación electrónica supone un incremento adicional de dichas cargas”. Cree que estas serán “muy heterogéneas” en función de la solución utilizada, del sector económico en el que la empresa desarrolle su actividad y del número de facturas que emita anualmente, estando este último factor relacionado directamente con el tamaño empresarial.
En todo caso, el CES considera que debería valorarse el establecimiento de límites respecto a la información recogida en las facturas electrónicas, más allá del contenido mínimo previsto en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, con el fin de que no se convierta en una fuente de cargas excesivas para las empresas de menor dimensión, pero sin que ello suponga un impedimento para alcanzar el objetivo de la norma.
Asimismo, el CES quiere recordar la necesidad de “adecuar las disposiciones incluidas en la norma proyectada con otras relacionadas recogidas en normas ya vigentes o en fase de modificación actualmente, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional”. En concreto, pide coherencia con dos directivas de los años 2010 y 2014, así como con el Reglamento relativo a la lucha contra la morosidad que está trabajando ahora mismo la Unión Europea (UE).
El CES considera necesario que el proyecto de Real Decreto garantice de forma explícita la coherencia con la propuesta de la Comisión Europea “IVA en la era digital” donde se plantea que la facturación electrónica se convierta en el método de facturación por defecto antes de enero de 2028.
Por su parte, en el ámbito nacional, el CES entiende que la norma prevista debe guardar coherencia con la Ley 13/2023 que modificó la Ley General Tributaria de forma específica, asegurando la coherencia entre el sistema actualmente existente de “Suministro inmediato de información” para las declaraciones y libros de registro del IVA en España, y las nuevas obligaciones de facturación electrónica recogidas en la norma prevista.
ENTRADA EN VIGOR
Por otro lado, la norma prevé que la entrada en vigor se produzca a los 12 meses de la fecha de su publicación en el BOE, produciendo efectos, desde ese momento, para los empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones haya excedido durante el año natural inmediato anterior de ocho millones de euros. Para el resto de los empresarios y profesionales, producirá efectos a los 12 meses de su entrada en vigor.
En este sentido, el CES considera que la existencia de diferentes plazos para la entrada en vigor de la factura electrónica, en función del volumen de operaciones de las empresas, podría “causar distorsiones en el correcto funcionamiento del sistema de facturación electrónica”.
Por este motivo, entiende más adecuado establecer un plazo único de implementación para el conjunto de empresarios y profesionales, independientemente de su volumen de operaciones. Dadas las mayores dificultades a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas a la hora de la implementación del nuevo sistema, dicho plazo debería ser, como mínimo, de 24 meses desde la publicación de la norma en el BOE, según el CES.
Por otra parte, el organismo llama la atención sobre las especificidades que acusan los empresarios y profesionales establecidos en el medio rural, donde además de evidenciarse una menor dotación de infraestructuras digitales que en las áreas urbanas, se aprecian también otro tipo de brechas relacionadas con factores socioeconómicos como la edad, la renta y la formación, además de con un menor tamaño empresarial. En este sentido, el CES considera que la implementación del sistema de facturación electrónica debería tener en cuenta la realidad del medio rural a la hora de establecer los plazos para su entrada en vigor.
Por último, el CES considera necesario incidir en la necesidad de que la Administración Pública, más allá de ofrecer herramientas específicas dirigidas a la implantación de la factura electrónica ofrezca también a las pequeñas y medianas empresas mecanismos de apoyo técnicos y formativos necesarios para adquirir las competencias adecuadas en este ámbito.
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