MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Un juez ha condenado este jueves a doce agentes de la Policía por una masacre en la que murieron 17 migrantes guatemaltecos y salvadoreños, y dos presuntos traficantes de personas, que tuvo lugar en enero de 2021 cerca de la frontera estadounidense, en una carretera en el municipio de Camargo, en el estado mexicano de Tamaulipas.
El magistrado, Patricio Lugo Jaramillo, ha considerado que hay indicios suficientes para acreditar el homicidio calificado, abuso de autoridad en informes y delitos en el desempeño de funciones administrativas. No obstante, está previsto que el próximo martes tenga lugar una nueva audiencia en la que se decidirá cuántos años se establecen en la condena de cada acusado, informa el periódico mexicano ‘Animal Político’.
Las víctimas, que se encontraban calcinadas, presentaban impactos de bala, al igual que el vehículo en el que fueron hallados, que contaba con más de un centenar de balazos. Antes del suceso, una víctima llamó a sus familiares y les dijo que les estaban persiguiendo agentes de la Policía, disparándoles.
«Esta sentencia deja el mensaje de que nadie puede violar los Derechos Humanos de las personas migrantes, desaparecer, torturar y mucho menos asesinar», ha indicado la Fundación para la Justicia, organización civil acompaña a las víctimas y familiares de este caso, junto con la Red Jesuita con Migrantes Guatemala.
La organización ha calificado de «sentencia emblemática» la condena, remarcando que se trata de «la primera condena en contra de elementos del Estado mexicano por una masacre de migrantes». Asimismo, ha recordado que «ha sido un proceso tremendamente difícil para las familias de las víctimas», que se encuentran fuera del país donde se está llevando a cabo el proceso penal.
«Esta sentencia deja el mensaje de que nadie puede violar los Derechos Humanos de las personas migrantes, no se les puede desaparecer, torturar y mucho menos asesinar, porque habrá una consecuencia, pero sobre todo, no se puede utilizar el cargo público que fue conferido para proteger a las personas, no pueden utilizar ese poder para matar a migrantes», reza un comunicado.
La Fundación, no obstante, ha indicado que «aún falta un largo camino», ya que hay «otras masacres cuyas investigaciones están en manos de la Fiscalía, donde se mantiene una máquina de impunidad». «La justicia será alcanzada hasta que todas las víctimas de las masacres tengan justicia, hasta que el sistema mexicano garantice la reparación integral del daño, que incluya medidas compensatorias, disculpa pública y garantías de no repetición», han manifestado.
A su vez, han recordado que «queda pendiente» la investigación respecto de otros funcionarios involucrados indirectamente en la masacre, como fueron los policías que estuvieron presentes y la cadena de mando de los agentes y del Instituto Nacional de Migración (INM).
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