MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La Federación de Consumidores y Usuarios CECU exigió este miércoles un “compromiso firme” a los gobiernos autonómicos para aplicar la Ley de Vivienda, que cumple un año en vigor.
Así lo demandó en un comunicado en el que precisó que, aunque la norma ofrece herramientas “potencialmente útiles” para “destensar” la situación del mercado inmobiliario y “ampliar el cumplimiento de este derecho”, su aplicación “queda a merced de la voluntad de autonomías y ayuntamientos”.
“La realidad es que, en la práctica, solo Cataluña ha aplicado la ley, otras autonomías han manifestado su intención de hacerlo y otras están mostrando una posición activamente en contra de su aplicación, como es el caso de las autonomías gobernadas por el Partido Popular”, denunció.
A este respecto, el responsable de Vivienda de CECU, Eloy Gutiérrez, defendió que el “crecimiento generalizado” del precio del alquiler “hace necesaria» la aplicación de medidas «concretas y efectivas» en «todo el país”.
“En caso contrario, los precios seguirán aumentando en las comunidades autónomas que no apliquen la ley y no declaren zonas de mercado residencial tensionado”, apostilló.
ZONAS TENSIONADAS
Tras asegurar que “uno de los instrumentos más novedosos” de la ley es la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionadas en áreas donde la suma del precio de alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de la zona, o donde el incremento del precio del alquiler supere en 3 puntos al IPC en los cinco últimos años antes de la declaración, puntualizó que, además de en Cataluña, solo han solicitado “formalmente” dicha declaración Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla y Ciempozuelos (Comunidad de Madrid); Rentería (País Vasco); Las Palmas de Gran Canaria, Adeje, Granadilla de Abona y La Orotava (Canarias); Gijón (Asturias) y La Coruña (Galicia).
En este contexto, Gutiérrez instó a las autonomías a declarar zonas tensionadas en los territorios afectados para “poder poner los medios proporcionados por la Ley de Vivienda para salvaguardar el derecho a una vivienda digna”.
Junto a ello, volvió a “poner en duda” la “eficacia” del Índice de Precios de Referencia al entender que su aplicación se limita solo a las zonas declaradas tensionadas y porque, “al proponer intervalos de precios cuyos valores superiores son relativamente altos, no asegura una reducción notable de los alquileres ni siquiera en estas zonas”.
FIGURA DEL GRAN TENEDOR, INSUFICIENTE
Por lo que respecta a la figura del gran tenedor, juzgó “necesario” reducir la consideración de gran tenedor a tres viviendas con el fin de “ampliar la protección al inquilinato y reducir la brecha social y económica con los arrendadores”.
En paralelo, con respecto a la limitación anual de la actualización del precio del alquiler, lamentó que “algunos” caseros utilizan “estrategias” para “evadir” las nuevas obligaciones impuestas por la ley y “saltarse” la limitación de precios, como “forzar” la finalización de los contratos para iniciar nuevos o firmar contratos de temporada para residencias habituales.
“Estas prácticas incurren en fraude de ley, por lo que reclamamos la necesidad de elaborar un régimen sancionador que acompañe la norma, así como la formación de un equipo de inspectores que vele por su cumplimiento”, explicó, convencido de que es “necesario” también desarrollar la regulación del alquiler de temporada, algo que hasta ahora solo ha hecho Cataluña; así como el alquiler por habitaciones o el coliving, para “proteger a las personas inquilinas ante este tipo de abusos”.
CECU también ha detectado que la obligación establecida por la ley de que sean los propietarios quienes hagan frente a los gastos de los honorarios de las inmobiliarias “no ha liberado en la práctica” a los inquilinos del pago de comisiones de servicio u otros gastos extra impuestos por estas empresas de forma “fraudulenta”.
Por último, para “garantizar” y “ampliar” el derecho a una vivienda “digna” en España, la federación ve “prioritario” el diseño de herramientas “más efectivas” que “no solo frenen la subida de los precios del mercado del alquiler, sino que aseguren su descenso”; una moratoria en la construcción de nueva vivienda y la expropiación del derecho de uso de las viviendas vacías para destinarla a alquiler público y asequible y unas ayudas que “prioricen” los hogares en situación de “vulnerabilidad».
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