LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 (EUROPA PRESS)
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, espera que en la comisión interministerial que se celebrará este martes para tratar la modificación de la ley de extranjería en relación a distribuir a menores migrantes entre todos las comunidades autónomas, se produzca un acuerdo, ya que el archipiélago tiene actualmente unos 5.500 menores no acompañados en unos 76 centros diferentes.
Cabello explicó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que si se produce el acuerdo, se espera que la asignación de la distribución de los menores, que hasta ahora cuando llegan a las costas canarias y, «por hechos consumados», son responsabilidad de la comunidad autónoma, con el cambio normativo se permita que el Estado asigne a la autonomía a la que finalmente se va a llevar aunque lleguen a las islas.
Además, dijo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó la semana pasada que se iban a «movilizar los recursos necesarios para hacer frente» a estas asignaciones, ya que era un tema que algunas comunidades autónomas habían trasladado como reticencias a la hora de realizar esa distribución.
Para Canarias, apuntó Cabello, la modificación de la ley de extranjería «es la solución», señalando que «ese ha sido el ámbito en el que se ha estado negociando» para que se produzca un avance «de una manera significativa, por ley, una nueva fórmula para acoger y atender a todos» esos menores que están llegando.
«Creo que el hito importante es que hasta ahora no se producía una asignación… Simplemente se hacía una primera guarda que se realizaba, en alta mar en muchos casos, se llevaban hasta un muelle y a partir de ahí la tutela de manera efectiva caía en la comunidad autónoma canaria porque estaban entrando por un puerto canario, o sea, porque era la frontera», apostilló.
Sin embargo, con el nuevo sistema se asigna a una comunidad autónoma el menor que entra la comunidad autónoma canaria como «si estuvieran entrando en cualquier comunidad» del país y es el Gobierno de España «quien de manera consciente, en función del número de plazas que están en cada una de las comunidades autónomas, realiza la asignación».
Por tanto, expuso que lo que se produce «es una guarda temporal por parte, o bien del Gobierno de Canarias o bien de la ONG responsable o bien del propio Estado, hasta que se produce esa asignación». «Ese es el acuerdo sustancial, esa es la diferencia importante, yo creo que ese es el kit de la cuestión para tratar este asunto de una manera diferente», apuntilló.
Añadió que a partir de ahí lo que tendrá que hacer el Ministerio de Hacienda «es habilitar los recursos económicos necesarios».
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