MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, está “trabajando” en “mejorar” la prestación por crianza que se incluirá en la Ley de Familias y defiende la “necesidad” de “impulsar” una prestación universal por crianza.
Así lo aseveró en el marco de las reuniones que ha mantenido en las últimas horas con dirigentes de Oxfam Intermón y de Unicef España, según precisó este jueves su gabinete en un comunicado en el que agregó que el titular de Derechos Sociales estableció también en ambos encuentros las “dos líneas de trabajo” que está llevando a cabo.
Por un lado, la de aumentar la deducción por IRPF, de 100 euros al mes, que se destina para la crianza, que actualmente se produce hasta que el hijo o hija cumple tres años, mientras la propuesta de Pablo Bustinduy es que se amplíe hasta los seis años de edad.
Por otro lado, el ministro trabaja también en “reforzar” el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) con el “propósito” de “desligar” el CAPI del Ingreso Mínimo Vital para convertir este complemento en una prestación “independiente” que llegue a más familias y hacerlo de la mano del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
“El objetivo final es conseguir que España tenga una prestación universal por crianza, una medida que ya está vigente en otros países de nuestro entorno y que está consiguiendo reducir la pobreza infantil”, señaló Bustinduy.
EL MAYOR CONSENSO POSIBLE
Sobre la Ley de Familias, el ministro comunicó también a Unicef y a Oxfam Intermón que se están produciendo “negociaciones” para que la norma sea aprobada en las Cortes Generales “con el mayor consenso posible”.
“Uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en España es la dificultad para formar una familia, tanto en términos económicos como de conciliación”, advirtió, al tiempo que juzgó “importante” que “todas» las fuerzas políticas «marquen este desafío como algo prioritario y cooperen para solucionarlo”.
Por otra parte, Pablo Bustinduy remarcó la necesidad de “reforzar” los permisos de padres y madres para cuidar de sus hijos y recordó que el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar incluye ampliar los permisos por nacimiento de 16 a 20 semanas y retribuir al menos cuatro semanas más para cuidados hasta los ocho años.
Según explicó, la ampliación de los permisos se está “abordando” también con el Ministerio de Trabajo y Economía Social y, en este sentido, puntualizó que él mismo está “trabajando» con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para «sacar adelante» esta iniciativa” que, a su juicio, va a “permitir mejorar la protección económica y social de las familias”.
MODELO DE CUIDADOS
En paralelo, el responsable de Derechos Sociales también trató con Unicef y con Oxfam Intermón otra de sus “prioridades” para esta legislatura, como es el cambio en el modelo de cuidados para las personas mayores, así como para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y para personas en situación de dependencia y personas con discapacidad. “Estamos construyendo un modelo de apoyo personalizado y comunitario que sea capaz de hacer que las personas que requieran cuidados no tengan que renunciar a su hogar y a su entorno”, manifestó, al tiempo que hizo hincapié en la importancia de reducir la carga que asumen muchas familias, “mujeres, sobre todo”, dijo, en los cuidados haciendo posible que sea la administración pública la que se haga cargo “en mayor medida”.
Junto a ello, expuso ante Unicef y Oxfam Intermón la necesidad de “seguir avanzando” en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se incluyen en sus competencias de Agenda 2030 y que son transversales a otros ministerios.
Los representantes de ambas ONG compartieron con él la “urgencia” de desarrollar una agenda climática “ambiciosa” y una transición energética “ambiental y socialmente justa”.
Por último, el ministro quiso reconocer la labor tanto de Unicef como de Oxfam Intermón, a las que definió como “ejemplos de cooperación a nivel mundial”, y se comprometió a seguir trabajando con ambas entidades con el fin de “ensanchar derechos y desplegar más políticas sociales”.
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