MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La consejera de Vivienda, Territorio y Movilidad del Gobierno de las Islas Baleares, Marta Vidal, reclamó este viernes cambios legales al Gobierno central para poder clausurar los 8.700 alojamientos turísticos ilegales detectados en el archipiélago.
Así lo indicó a la salida de la conferencia sectorial mantenida entre las comunidades autónomas con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en la que se evaluó el impacto de los pisos turísticos en la vivienda residencial.
Vidal destacó que debe usarse el término ‘alegal’ para las viviendas turísticas sin licencia y señaló que están causando un “problema muy importante”. Afirmó que han pedido “auxilio al Estado” para “poder proceder a la clausura de los pisos turísticos que se alquilan ilegalmente”, que representan una mayoría respecto a los pisos con licencia. Detalló que para poder llevar a cabo estas clausuras necesitan tener “seguridad” por normas de rango estatal.
Señaló, por otro lado, que no van a declarar zonas de mercado tensionado pese a las “presiones” que están recibiendo “por todos lados” y apuntó que han lanzado un programa para facilitar la salida del mercado de hasta 3.000 viviendas para el alquiler, de las 100.000 viviendas que hay vacías en el archipiélago por la “inseguridad jurídica”.
Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad de Canarias, Pablo Rodríguez, se mostró partidario de la plataforma propuesta por el departamento dirigido por Isabel Rodríguez para concentrar los datos sobre pisos turísticos.
Asimismo, criticó que hay más de 210.000 viviendas vacías en el archipiélago debido a la falta de “seguridad jurídica” y por el miedo a la okupación. Subrayó que durante la reunión la Ley de Vivienda fue “muy cestionada” y reclamó una modificación legislativa.
Por otro lado, la directora general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León, María Pardo, afeó al Gobierno la falta de claridad sobre el orden del día de la reunión y mostró su apoyo al desarrollo del reglamento europeo.
También reclamó que se traten cuestiones como la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Vivienda y organizar una nueva reunión sectorial para abordar el nuevo Plan Estatal de Vivienda y el impacto de la falta de seguridad jurídica en la proliferación de las viviendas de uso turístico.
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