Reprochan las falsedades que contiene sobre la sentencia contra los políticos catalanes y piden al CGPJ que lo denuncie «oficialmente»
MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han pedido hoy al Gobierno que impida que el Consejo de Europa apruebe un informe el próximo lunes que pone en entredicho a la Justicia española y lesiona el prestigio del Poder Judicial.
En este sentido, los jueces reprochan en un comunicado el proyecto del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea del Consejo de Europa en el que consideran que se «pone en entredicho la objetividad y transparencia del Poder Judicial y su compromiso de garantizar la libertad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos» al comparar a España con Turquía.
«El texto sugiere una equiparación entre la situación de España y de Turquía, países cuyos regímenes políticos y situación del estado de derecho y garantías democráticas difieren de manera rotunda, sin que sea preciso abundar en las diferencias por su carácter patente y conocido», han señalado.
Las asociaciones han instado al Gobierno a que «despliegue los instrumentos diplomáticos en su mano para impedir la aprobación del proyecto de declaración». También han exhortado a los partidos políticos con representación en la Asamblea del Consejo de Europa para que en el debate «expongan con claridad que la declaración se aparta radicalmente de la realidad del funcionamiento de los órganos judiciales en España».
Asimismo, han pedido al Consejo General del Poder Judicial que se pronuncie «oficialmente» sobre el contenido del proyecto y denuncie públicamente «las falsedades e inexactitudes» que contiene para «evitar» una declaración que «lesiona el prestigio del Poder Judicial y la necesaria confianza en su recto funcionamiento cara a los ciudadanos».
CONDENAS POR SEDICIÓN
Los firmantes del comunicado también han reprochado que el texto a debatir en la Asamblea presente la actuación de «determinadas personas condenadas por delito de sedición» como una «mera discordancia política abordable desde el ámbito del debate político, desconociendo la vertiente de lesión a bienes jurídicos esenciales como son la paz pública, la seguridad ciudadana y la recta administración de fondos públicos, que, según parece entender el proyecto, no se resentiría por una aplicación caprichosa de los mismos a finalidades ajenas a su destino, siempre que lo ordenen políticos y se orienten a finalidades de tal carácter».
En este sentido, han criticado que el hecho de que el proyecto «da por sentados hechos y situaciones» que, a su juicio, «divergen» de los hechos probados que se establecen en la sentencia del Tribunal Supremo, «dictada con escrupuloso respeto a todas y cada una de las garantías de un proceso justo».
«UNA FALACIA»
Las asociaciones han defendido la independencia del sistema judicial español y han asegurado que ponerlo en duda –«insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos»– «constituye una falacia que debe ser reparada, evitando que se consoliden declaraciones sin fundamento que perjudican la imagen de la Justicia y de la propia percepción de España, como Estado de plenas garantías».
«En España los órganos judiciales no están al servicio de unos intereses del poder ejecutivo para reprimir las libertades públicas, como se desliza en el texto», han subrayado.
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