Afirma que estos enfrentamientos provocaron una «violencia inimaginable» y cifra en 80.000 los desplazados
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La organización no gubernamental Amnistía Internacional ha alertado este jueves de que los recientes combates entre el Ejército y los rebeldes en Sudán del Sur entre junio y octubre en Ecuatoria Occidental provocaron una «violencia inimaginable» que podría equivaler a crímenes de guerra.
La ONG ha resaltado que decenas de civiles murieron y decenas de miles se vieron desplazados por los combates entre grupos locales afiliados al Ejército y el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) en los alrededores del condado de Tambura.
«Un rastro de destrucción y división siguió a la instigación por parte de políticos del odio étnico y su movilización a los jóvenes al combate», ha denunciado el director de la ONG para África oriental y meridional, Deprose Muchena.
«Los testimonios que hemos recabado hablan de una violencia inimaginable, incluida la muerte de civiles que huían y cuerpos quemados y mutilados», ha lamentado, antes de agregar que «los ataques no sólo implicaron a grupos locales, sino a combatientes afiliados con el Gobierno y la oposición, lo que indica que es mucho más que una violencia entre comunidades».
Amnistía Internacional ha destacado que ha entrevistado a más de 75 personas, entre ellos desplazados internos, trabajadores humanitarios, funcionarios y activistas, al tiempo que ha indicado que existen denuncias sobre secuestros y ejecuciones extrajudiciales.
En este sentido, un total de trece testigos, algunos de los cuales fueron secuestrados brevemente, han descrito incidentes en los que combatientes de ambos bandos ejecutaron a tiros o con armas blancas a civiles, lo que equivaldría a crímenes de guerra. Asimismo, balas perdidas impactaron en viviendas y centros de acogida de desplazados internos causando heridas a varios civiles, entre ellos una niña de diez años, mientras que varios civiles murieron cuando intentaban huir o buscar comida o cobijo.
Varios de los testigos entrevistados han dicho que vieron cuerpos de civiles trasladados para su entierro o tirados en la carretera durante su huida, mientras que han hablado de familiares que llevan meses desaparecidos o a los que se da por muertos. Según las cifras del Gobierno, cerca de 300 personas murieron en estos combates.
Una mujer de 20 años de la comunidad balanda ha descrito cómo tres hombres armados azande mataron a su esposo ante ella y su hija de tres años durante un ataque el 2 de septiembre en su vivienda en Tambura. «Uno de ellos vino y se llevó a mi esposo por la fuerza. Le sentaron cerca de la puerta y dispararon contra él delante mío», ha relatado.
En esta línea, una mujer azande de 41 años ha señalado que tanto ella como una de sus hermanas fueron raptadas en septiembre cuando intentaban huir de Tambura después de que su hermano muriera tiroteado, tras lo que fueron trasladadas por personas armadas junto a otros civiles, algunos de los cuales fueron asesinados.
«Nos ordenaron que nos sentáramos y nos dijeron que iban a rajarnos como a una calabaza», ha señalado, antes de añadir que uno de los combatientes «puso su pierna en la cabeza (de su hermana) y le cortó el cuello con un cuchillo», mientras que ella y su hijo de 18 meses se salvaron después de una intervención de las fuerzas azande.
Otra de los testigos ha asegurado que vio a combatientes quemar el cadáver de su hermano después de su decapitación en agosto en la localidad de Mupoi, mientras que su esposo y tres de sus hijos fueron secuestrados y asesinados semanas antes.
Por otra parte, testigos han subrayado que presenciaron lo que serían varios casos de mujeres embarazadas descuartizadas junto a sus fetos, mientras que ocho supervivientes han dicho que vieron descomponerse los cadáveres de sus seres queridos sin poder enterrarlos de forma adecuada.
SAQUEOS Y DESTRUCCIÓN
La mayoría de los entrevistados han denunciado que sus viviendas fueron saqueadas o incendiadas y han añadido que los campos de cultivo quedaron abandonados a causa de la inseguridad, lo que ha tenido un impacto sobre las poblaciones locales.
Amnistía Internacional ha resaltado que imágenes por satélite analizadas durante las investigaciones muestran daños generalizados y destrucción de infraestructuras entre junio y octubre en Tambura, Mupoi y Yubu. Los combatientes saquearon también instalaciones sanitarias, mientras que un trabajador humanitario ha señalado que trece de los 20 edificios de este tipo en Tambura quedaron inutilizados por estos incidentes, mientras que el resto «apenas funcionan».
Otro trabajador humanitario ha reseñado que sólo ocho de las 53 escuelas en el condado siguen abiertas en noviembre, mientras que la práctica totalidad de los desplazados entrevistados con hijos en edad escolar han apuntado que todos ellos llevan meses sin escolarizar.
De hecho, testigos han relatado que combatientes afiliados al Ejército usaron una escuela privada como puesto de acantonamiento hasta finales de octubre, lo que supone una violación de la Declaración de Escuelas Seguras, que el Gobierno sursudanés respaldó en 2015.
MÁS DE 80.000 DESPLAZADOS
Así, los combates dejaron más de 80.000 desplazados, algunos de los cuales se trasladaron a instalaciones en Tambura, incluida una iglesia y un campamento protegido por ‘cascos azules’ de Naciones Unidas, mientras que otros viajaron a la capital estatal, Yambio, o al estado de Bahr el Ghazal.
La situación provocó la separación de familias, algunas de las cuales no han logrado reunirse meses después, mientras que una mujer ha manifestado que su hija de 15 años dio a luz durante el camino, mientras que otra ha lamentado que su hija de tres años murió por complicaciones médicas.
Los desplazados han asegurado que carecen de alimentos y medicinas suficientes, mientras que la mayoría han resaltado que no han recibido ayuda humanitaria o una ración para 15 días desde entonces. «Mi hijo está muy enfermo en casa y no hay dinero para el tratamiento», ha dicho una mujer de 42 años. «No tenemos comida. No tenemos dinero para el alquiler. Vamos a morir de hambre», ha lamentado la mujer.
Los supervivientes han recalcado además que, pese a los anuncios sobre el fin de los combates, tienen miedo de volver por la presencia de combatientes y políticos que azuzaron las tensiones intercomunitarias, al tiempo que han incidido en que no les queda nada en sus lugares de origen.
Por ello, Muchena ha explicado que «el Gobierno debe acelerar los esfuerzos de reconstrucción, facilitar la entrega de ayuda y la entrega de servicios esenciales a los desplazados, establecer las condiciones para su retorno seguro, voluntario y sostenible y garantizar que los responsables de crímenes de guerra y otras violaciones rinden cuentas».
«La violencia en Ecuatoria Occidental es otro duro recordatorio de que se necesita un proceso holístico de rendición de cuentas, incluido que se diga la verdad, que se hagan reformas, se paguen compensaciones y se trabaje con la Comisión de la Unión Africana para establecer el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur», ha sostenido.
Por último, Muchena ha manifestado que «el Consejo de Seguridad de la ONU debe mantener el embargo de armas para limitar la entrega de armamento a las partes en conflicto», en medio de los esfuerzos del Gobierno de unidad por completar el acuerdo de paz alcanzado en 2018.
La violencia en Ecuatoria Occidental deriva de la entrega del control del estado al SPML-IO, liderado por el antiguo líder rebelde Riek Machar, en el marco de dicho acuerdo. El nombramiento de un nuevo gobernador en Ecuatoria Occidental por parte de Machar provocó críticas por parte de importantes figuras políticas de la comunidad azande, lo que finalmente derivó en el estallido de enfrentamientos.
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